SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0136/2014
Fecha: 10-Ene-2014
II.7.
II.7. Mediante Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico “05/2012” (lo correcto es 2013) de 9 de abril, el Director del SEDES Cochabamba, confirmó la Resolución impugnada como la de la sumariante, estableciendo la sanción de destitución como servidora pública del Sistema de Salud, en base a los siguientes argumentos: i) La prueba documental presentada por la ahora demandante fue contrarrestada con otras pruebas documentales emitidas por comunarios de la zona; ii) Las declaraciones testificales de los comunarios de la zona Mataral, dan fe respecto al abandono de su puesto de trabajo iii) Edgar Pérez Flores, Coordinador de la Red de Salud IX Campero, prestó su declaración informativa por lo cual no es evidente la afirmación efectuada por la demandante; iv) Respecto al hecho que no se le hubiesen entregado los informes requeridos, cabe señalar que el Administrador del Hospital, Pablo Huiza Arancibia, presentó el 17 de enero de 2013 en la Unidad de Asesoría Legal del SEDES, informe respecto a la supervisión de 17 de octubre de 2012 y que así mismo, fueron dadas a conocer las quejas de los comunarios y dirigentes respecto al mal trato y ausencias de la ahora accionante; v) Las declaraciones de testigos a favor de Julia Torrico Flores no pueden ser consideradas determinantes por cuanto son sus amigas y únicamente refieren hechos de terceras personas; y, vi) En relación a la venta de medicamentos cursa declaración testifical de Yolanda Poma, en la que se asevera respecto a la venta de medicamentos por parte de la ahora accionante, siendo la supuesta enemistad existente entre ésta y la citada testigo un tema inherente a las acciones judiciales de orden privado (fs. 190 a 191).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO
- III.1.
- debido proceso
- III.2.1. Jurisprudencia
- …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- III.3.La motivación y fundamentación de las resoluciones en sede administrativa
- III.3.1. Jurisprudencia
- Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
- En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes.
- En conclusión, corresponde afirmar rotundamente, que la ausencia de una suficiente y adecuada motivación en las resoluciones de segunda instancia, efectivamente vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa, impidiendo que la tutela jurisdiccional administrativa sea cierta, dando lugar al extremo inaceptable de la arbitrariedad, aclarándose que la obligación de motivar las resoluciones no significa que las decisiones adoptadas necesariamente deban satisfacer al administrado, lo que si es trascendental, es que la decisión sea justificada y versé sobre la totalidad de los aspectos contenidos en el memorial de impugnación, permitiendo que el imperio de la justicia constitucional garantice el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales para el “Vivir Bien
- III.4. Análisis del caso concreto
- 1)
- ii)
- denegado
- 1° REVOCAR