SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0186/2014

Si bien es cierto que el ejercicio de los derechos fundamentales no es absoluto, lo que significa que el Estado puede imponer restricciones y limitaciones para preservar y resguardar los derechos de las demás personas, el interés general, el orden público y el régimen democrático; no es menos cierto que, las medidas de restricción y limitación deben y tienen que cumplir con las condiciones de validez previstas por la Constitución y las normas del Bloque de Constitucionalidad. Entre esas condiciones de validez, el art. 23.III de la Ley fundamental ha previsto que: “La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”.

La referida norma constitucional supone que la materialización de la restricción o limitación del derecho fundamental debe ser ordenada por la autoridad competente mediante resolución suficiente y razonablemente motivada en Derecho; es decir que, todo mandamiento de detención o aprehensión, así como cualquier determinación que establezca la privación de libertad de una persona, debe estar expresamente definida y dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada. Esto con la finalidad de evitar que la restricción se convierta en la regla y no en la excepción, y así impedir además los excesos y abusos de poder en la aplicación de esta medida.

Sobre el tema, la jurisprudencia prevista en la SC 0010/2010-R de 6 de abril, ha establecido lo siguiente: “El art. 23.I de la CPE, reconoce el derecho a la libertad personal, estableciendo que ésta sólo puede ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales.

Conforme a ello, el parágrafo III de la misma norma dispone que: 'Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito'.

Por su parte, el art. 9.1 del PIDCP determina que: 'Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta'; y el art. 7 inc.2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: 'Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.