SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0063/2014-S3

           Ahora, si bien la finalidad de este recurso es que el tribunal de apelación pueda corregir los errores o ilegalidades en las que hubiera incurrido el juez a quo, empero, en esta labor el Juez debe circunscribirse a los aspectos observados por las partes recurrentes, así el art. 398 del CPP; en ese contexto, conjuncionando el principio de seguridad jurídica en la Resolución del recurso de apelación incidental la SC 0727/2003-R de 3 de junio, señaló que: “Si bien es cierto que la celeridad procesal es, junto a la gratuidad y publicidad, condición esencial de la administración de justicia, debe tenerse presente que tal principio constitucional debe conciliarse con el sistema de garantías que la misma norma fundamental consagra a favor del imputado; atendiendo a la doble finalidad del proceso: garantizar la demanda social de seguridad y los derechos y garantías del imputado; consiguientemente, toda medida de control que tome el órgano jurisdiccional destinado al saneamiento procesal necesario, no importa lesión a la celeridad procesal; sin embargo, cuando el órgano jurisdiccional, cualquiera sea éste, dispone nulidades no previstas en la ley ni necesarias por lo demás, se infringe tal principio constitucional…” (las negrillas son nuestras); por ende, se puede concluir que los tribunales de apelación penales, cuando conozcan un recurso de apelación incidental, necesariamente deben aprobar o revocar la determinación asumida por el juez a quo, y solamente en caso previstos por ley declarará nulo el fallo conocido en apelación o cuando no exista modo de subsanar el defecto procesal en el que se incurrió, en ese razonamiento la SC 0339/2012 de 18 de junio, indicó que: “…el Tribunal ad quem tiene la obligación de someterse a lo dispuesto por el art. 403 inc. 3) del CPP e ingresar al fondo del asunto apelado, aprobando o revocando el fallo del inferior, pues ese es el objetivo de dicha apelación incidental; sin embargo, en el presente proceso en distintas ocasiones los Vocales se limitaron a disponer que el Tribunal a quo proceda a dictar una nueva resolución en forma correcta, sin considerar que en ese momento inclusive el imputado gozaba de libertad en virtud a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; consiguientemente se evidencia que no hicieron uso de las facultades que tienen para revisar y modificar la resolución impugnada, para ese efecto les correspondía subsanar el error inmediatamente, puesto que si consideraron que el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia contenía contradicciones, errores u otros, debieron revocarlo o aprobarlo previa valoración y análisis respectivo, emitiendo para ello la resolución debidamente fundamentada tal cual exige los art. 124 y 173 del CPP y no anular más de tres veces la resolución del referido Tribunal de Sentencia por defectos; al no hacerlo, han incurrido en una omisión contraria a los derechos del imputado; pues se considera contrario al ordenamiento jurídico, la concurrencia de una seguidilla viciosa de anulaciones por parte del Tribunal ad quem, conllevando a una inseguridad jurídica que nunca podría terminar, pese de que dicho Tribunal podía definir directamente la situación jurídica del procesado” (las negrillas son nuestras).