SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0082/2014-S1

         La SCP 0410/2013 de 27 de marzo, recogiendo la amplia jurisprudencia respecto a la no interferencia de la justicia constitucional sobre la función propia de los órganos jurisdiccionales ordinarios, contenida en las         SSCC 1358/2003-R, 1237/2004-R, 1017/2004, 1846/2004-R, entre otras, extractó igualmente los diferentes entendimientos respecto a la auto restricción en la justicia constitucional, para verificar si en la interpretación de la legalidad ordinaria no se quebrantaron los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico; asimismo, sistematizó la jurisprudencia al respecto y flexibilizó tal entendimiento, al señalar:”Luego, la SC 0718/2005-R de 28 de junio, ha determinado los requisitos que el accionante de amparo constitucional debe cumplir al denunciar la labor jurisdiccional ordinaria, para activar la jurisdicción constitucional: 'siendo competencia de la jurisdicción constitucional verificar si en la labor interpretativa desarrollada por la jurisdicción ordinaria se cumplieron con los requisitos de interpretación admitidos por el derecho y el juez o tribunal intérprete se ha sujetado al sistema de valores y principios que sustentan el sistema constitucional boliviano, para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional' .