SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2014-S1
Fecha: 26-Nov-2014
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Virginia Janeth Crespo Ibáñez, Presidenta de la Sala Penal Tercera y Daen Ramiro López Guzmán, Presidente de la Sala Penal Primera ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en su condición de autoridades demandadas, por informe escrito cursante de fs. 20 a 21, señalaron que, existiendo una relación de los hechos que dieron lugar a que dicte la Resolución “74 A/2014”, informan que no se logró desvirtuar el peligro efectivo para la sociedad; asimismo, lo previsto por el art. 235.2 del CPP, que refiere a una inspección ocular que no se permitió el ingreso a los querellantes lo que no fue desvirtuado, que la Resolución que impuso la detención preventiva estaba vigente hasta que declaren otros testigos, refiriéndose también a la Resolución 300/2011, señalando que la documentación con referencia a la obstaculización no es suficiente, que el juez está en obligación de explicar los motivos de hecho y de derecho en que basa su convicción, así como el valor otorgado a los medios de prueba, sin que se pueda distorsionar una acción de libertad como una segunda o tercera instancia ya que la resolución ha emanado de un Tribunal competente en la presencia de las partes en controversia; y finalmente, de conformidad al art. 250 del CPP, la accionante nuevamente puede solicitar la modificación de las Medidas Cautelares.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- concedió
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El deber de fundamentación y motivación de las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares y que se pronuncien en apelación
- Asimismo, la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se dispone la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial
- aspecto que debe ser tomado muy en cuenta a momento de emitir una resolución, más aun en el régimen de medidas cautelares que por su naturaleza limita el derecho a la libertad, razón por la cual, partiendo del razonamiento desde y conforme a la Constitución, las autoridades jurisdiccionales se encuentran en el deber de respetar el debido proceso -en el elemento antes mencionado- cuando revocan una medida sustitutiva que en su momento le favoreció al imputado.
- Fragmento 9
- III.2. De los incisos del 5 y 9 del art. 234 del CPP, que fueron declarados inconstitucionales mediante SCP 0056/2014 de 3 de enero
- Consiguientemente, no es admisible en un Estado Constitucional de Derecho, que las autoridades que imparten justicia y cuyo razonamiento debe partir de la Constitución, fundamenten y motiven sus resoluciones con base legal que fue vaciada del ordenamiento jurídico, pues se entiende que los efectos de la inconstitucionalidad declarada se expande en todo el sistema jurídico y constitucional y por tanto, esas normas ya no causan ningún efecto porque justamente el alcance jurídico que tenían, ha desaparecido totalmente.
- III.3. Análisis del caso concreto
- Fragmento 13