SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0247/2014-S2

El art. 120.I de la CPE, señala “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada…”; resulta evidente que la actividad jurisdiccional, tanto en el ámbito judicial como administrativo está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso; es así que, la doctrina constitucional, ha situado al juez natural como un elemento del debido proceso; por consiguiente, resulta inviable efectuar un análisis jurídico del derecho al juez natural en forma aislada del derecho al debido proceso. A partir de ello, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0832/2012 de 20 de agosto, sobre el debido proceso y el juez natural, ha desarrollado lo siguiente: “Bajo un amplio entendimiento y habiéndose constatado que el derecho fundamental al debido proceso es un interminable terreno comprensivo de muchas garantías, congregación que se constituye en el núcleo esencial del derecho, siendo algunas de ellas trascedentes a tal magnitud de constituirse derechos fundamentales por sí mismo; así el derecho al juez natural, conforme a las normas previstas por el art. 120 de nuestra Constitución, constituye un derecho fundamental por sí mismo, pero también se le reconoce como parte del debido proceso.

En esa orientación, la SC 0491/2003-R de 15 de abril, estableció lo siguiente: 'Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al Juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda ingerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la Resolución'. Dogma jurisprudencial que ha sido aplicado también en la   SC 0759/2011-R de 20 de mayo.

Con relación al debido proceso, la Constitución Política del Estado en el Capítulo Primero de las Garantías Jurisdiccionales, del Título IV de la Primera Parte, en el art. 115.II, señala que 'El Estado garantizará el derecho al debido proceso…' así como en el art. 117.I, prevé que: 'ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso...'.

En lo que concierne a instrumentos internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 22 de noviembre de 1969, ratificada por Bolivia mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 8, sobre las garantías judiciales indica entre otros puntos, que: '1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…'.

Sin perjuicio del señalamiento de otras garantías mínimas que deben tenerse en cuenta en la sustanciación de un proceso; lo transcrito, de un modo general, trata precisamente del derecho de las personas a ser sometido a un proceso antes de ser sancionado, el mismo que debe estar revestido de una serie de garantías jurisdiccionales, entre las cuales está la de ser juzgado por un Juez competente, independiente e imparcial.

Los Estados partes de las convenciones e instrumentos internacionales aludidas tienen el compromiso, y así lo establece la Constitución, de respetar los derechos y libertades, y garantizar su libre y pleno ejercicio. Como se ha señalado, la Constitución consagra al debido proceso, como un derecho fundamental constitucional y naturalmente a uno de sus elementos constitutivos esenciales: el derecho al Juez natural que comprende el derecho de las personas a que la causa a las que están sujetas, sea sustanciada por la autoridad, investida de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho que motiva el proceso.

De la exposición precedente, es imperativo concluir que el debido proceso y el juez competente, independiente e imparcial, constituyen un derecho humano fundamental consagrado y proclamado con vehemencia por el sistema internacional de derechos humanos y por nuestro sistema constitucional; siendo por ello que su protección corresponde a la acción de amparo constitucional, cuyo ámbito protector comprende todos los derechos fundamentales no protegidos de forma expresa por otra acción tutelar, no siendo compatible con la Constitución sustraer de su alcance, alguna de las garantías o derechos que lo conforman, como el juez natural competente”.