SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0214/2014

Egresaron de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), en las promociones correspondientes a las gestiones de 1970 a 1975, ascendiendo de grado de manera progresiva hasta que por los años de servicio y antigüedad, se materializó su destino a la categoría funcional de la “letra C de disponibilidad”.

Expresa que, a partir de agosto de 2012, el entonces Comandante General a.i. de la Policía Boliviana, a través de las Direcciones Nacionales de Personal y Administrativa, les entregó memorándums de “Pre Aviso”, determinando se realicen los trámites de jubilación ante las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP´s), concediéndoles el tiempo de tres meses, advirtiéndoles que dejarían de figurar en el presupuesto de pago de haberes de la Policía Boliviana, lo cual generó en ellos rechazo e indignación, por cuanto esperaban la emisión de las Resoluciones del Comando General que determinen su nuevo destino a la situación de disponibilidad “A”, en cumplimiento de los arts. 70, 71.5, 72 y 76 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN); sin embargo, los referidos memorándums eliminaron la categoría de disponibilidad “A”, que les confiere el derecho a percibir haberes íntegros, por el lapso ininterrumpido de dos años dentro de esa categoría legal, mientras puedan gestionar de manera ordenada, adecuada y eficiente su renta de vejez.

Manifiesta que, si bien retiraron los memorándums de agradecimiento, lo hicieron bajo protesto de accionar vías legales. Posteriormente, se produjo un cambio de autoridades en la Policía Boliviana, por lo que solicitaron que los ya citados memorándums sean dejados sin efecto, petición que no prosperó, hasta después de haber interpuesto una anterior acción de amparo constitucional que les concedió la tutela por vulneración de su derecho de petición; sin embargo, el nuevo Comandante General de la Policía Boliviana, mediante “nota Sgral. Cmdo. Gral. 931/13 de 5 de marzo de 2013” (sic), desestimó su solicitud, con argumentos que no tienen consistencia ni relevancia jurídica confundiendo las categorías de disponibilidad “C” y “A”.

Indica que, el citado Comandante General, asumió una actitud mal intencionada, temeraria y forzada, tratando de confundir al juzgador, pues en la nota de referencia señaló la edad de jubilación que establecía el Código de Seguridad Social de cincuenta y cinco años, edad que fue modificada por la Ley de Pensiones de 29 de noviembre de 1996, a sesenta y cinco años; asimismo, refiere que la autoridad castrense hizo una mala cita de los arts. 132 de la LOPN y 49 del Reglamento de Personal de la Policía Nacional, ya que estos preceptos también fueron derogados por el art. 69 de la Ley de Pensiones (LP), que a su vez fueron modificados por su Reglamento.

Señala que, el Comandante General sostiene que los accionantes, habrían sobrepasado excesivamente el tiempo de permanencia en la situación de disponibilidad en la letra “C”, cuando ésta no es una concesión graciosa y discrecional del Comando General de la Policía Boliviana, sino del cumplimiento de un deber legalmente impuesto por la Ley Orgánica de la Policía Nacional, además de ser obligación del Comando General y no de cada uno de los ahora accionantes, dar por terminada la permanencia en la situación “C” y cambiarla a disponibilidad de la letra “A”, mediante Resolución expresa dictada para cada uno de ellos.

Finalmente refiere que, desde el 13 de agosto de 2012, hasta la presentación de la acción de amparo constitucional ha transcurrido más de medio año, cuando por Orden General de la Policía Boliviana 001/2010, en aplicación de la norma policial, se reconoció la situación de disponibilidad de la letra ”A” de otras personas, demostrando un trato discriminatorio en su caso, generando lesión a sus derechos, pues están exentos de cobertura médica tanto ellos como sus familiares y no perciben remuneración, entre otros efectos negativos fruto de la equivocada decisión.