SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0230/2014
Fecha: 05-Feb-2014
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Por hechos ocurridos el año 2005, fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, por lo que el 14 de septiembre de 2012, la Jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal en suplencia legal de su similar Sexto, dispuso su detención preventiva en el Penal de San Pedro de La Paz.
Señala que, habiendo solicitado cesación a su detención preventiva en varias oportunidades, estas fueron rechazadas, llegando a interponer una anterior acción de libertad, en la que se emitió la SCP 0698/2012 de 13 de agosto, por la que se concedió la tutela impetrada y se dispuso que los Vocales demandados resuelvan su recurso de apelación.
El 3 de julio de 2013, nuevamente solicitó cesación a su detención preventiva en aplicación del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), puesto que se habría sobrepasado el mínimo legal del delito mas grave por el que fue imputado, y ya no corrían los riesgos procesales al haberse presentado acusación Fiscal por parte del representante del Ministerio Público.
Se señaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para el 18 de julio de 2013, la cual fue suspendida al no haberse librado orden de conducción de su persona, por lo que nuevamente se programó audiencia para el 24 del mismo mes y año, en la que el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal -ahora demandado-, emitió la Resolución 360/2013 de 24 de julio, rechazando su solicitud, al considerar que no se desvirtuaron los riesgos procesales, apartándose del entendimiento asumido en la SCP 0698/2012 de 13 de agosto, al no fundamentar su resolución.
El 26 de julio de 2013, interpuso recurso de apelación contra la Resolución del Juez a quo; empero, habiendo transcurrido treinta días desde la presentación, el mismo no fue remitido ante el Tribunal Departamental de Justicia, incumpliéndose lo dispuesto por el art. 251 del CPP, pese a los reclamos efectuados oportunamente.
Refiere que, el Juez demandado incumplió sus funciones jurisdiccionales, denegándole el acceso a la justicia de manera pronta y oportuna, dejándolo en total indefensión, por lo que se encuentra procesado y detenido indebidamente por la omisión de no remitir las actuaciones pertinentes dentro de las veinticuatro horas, para que el Tribunal Departamental de Justicia conozca y resuelva su apelación.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- denegó
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- o que considere que su vida o integridad física está en peligro“
- la vida cuando se encuentre en peligro
- 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…'
- La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: '…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente'.
- III.3.La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad traslatativa o de pronto despacho.
- 'Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervienen en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación'
- III.4. Sobre los recaudos de ley
- No obstante que corresponde al imputado proporcionar los recaudos de ley necesarios para remitir la apelación de la Resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y que la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso tiene la obligación de exigirlos, es sólo un aspecto formal que no puede superponerse un fin en sí mismo, como es la apelación presentada urgida de revisión y resolución conforme a ley; por tanto, en aquellos casos en los que se hubiere omitido dicha formalidad, como la falta de los recaudos de ley, no pueden ser óbice para dilatar su tratamiento y menos para devolver obrados por ese motivo postergando su consideración. En estas circunstancias, corresponde resolver el recurso con la celeridad necesaria conforme a los plazos establecidos en la ley y en la jurisprudencia. El tribunal de alzada, podrá imponer el cumplimiento de la omitida formalidad previa notificación a las partes en el Juzgado de origen'.
- En este entendido, se reitera, la inobservancia de la parte procesal en proporcionar inmediatamente los recaudos necesarios no faculta convalidar una actitud dilatoria que entorpezca el tratamiento rápido y oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal; ante estos supuestos corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación presentada, debiendo la autoridad judicial dar la continuidad inmediata al trámite de apelación en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad física. En cuyo mérito, a fin de evitar dilaciones indebidas en el tratamiento de la remisión de actuados por parte del Juez a quo ante el Tribunal de alzada, cumple a la autoridad judicial competente la observancia de lo siguiente:
- i)Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP, las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación que corresponda. En caso de no haberse proporcionado los recaudos necesarios, mínimamente deberán ser remitidos al Tribunal de apelación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del Auto que disponga las medidas cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados, a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación; y,
- ii)Sin perjuicio de cualquier determinación que viabilice la continuidad con el trámite de apelación, adoptar la diligencia necesaria a efectos de dar curso a la tramitación de la apelación formulada de manera inmediata, independientemente de las medidas a adoptarse para exigir el cumplimiento de los recaudos de ley por parte del apelante.
- Fragmento 22
- III.5.La tramitación especial de la apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP
- en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita,
- III.6.
- 1)