SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0383/2014
Fecha: 25-Feb-2014
1)
Los accionantes a través de su abogado, en audiencia ratificaron in extenso los términos de su demanda de amparo constitucional y ampliando la misma, manifestaron que: 1) Los Vocales demandados, al introducir al proceso una escritura pública que no figura en la acusación fiscal, ni en la particular y por ende tampoco en el Auto de apertura de juicio, se apartaron del marco procedimental sobre el que debían resolver la apelación incidental, vulnerando los arts. 340, 342 y 362 del CPP; y, 2) Para incluir al proceso la escritura pública 101 de 11 de marzo de 2008, inscrita en la oficina de DD.RR. el 2 de mayo del citado año, que constituye un nuevo hecho a ser investigado, necesitaba citarse a las personas que suscribieron la misma, realizar estudios periciales y otros actos de investigación.
En respuesta a las preguntas del Tribunal de garantías, refirió que: 1) La escritura pública “101/08”, se encontraba en el folio real, donde los imputados efectuaron una transferencia a su madre, Silvia Pabón y ésta a su vez realizó una tercera transferencia; y, 2) Respecto a si en los fundamentos de la apelación de la Resolución 22/2012, se encontraba la citada escritura pública, manifestaron que, señalaron los hechos probados, los cuales también fueron esgrimidos en la Resolución impugnada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados
- La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad
- la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo
- III.4. Interpretación de la legalidad ordinaria
- III.5. Análisis del caso concreto
- III.5.1. Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria
- Fragmento 23
- III.5.2. Con relación a la falta de fundamentación de la Resolución 50/2013 de 18 de marzo
- CONFIRMAR en todo