SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0882/2014
Fecha: 12-May-2014
I.1. Contenido de la acción
El 3 de junio de 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, emitió las Resoluciones Administrativas (RRAA) AACD 016/2013, AACD 017/2013, AACD 018/2013, las que dieron inicio a un proceso administrativo sancionatorio contra la UMRPSFXCH, institución a la cual representa, por lo que presentó contra estas resoluciones recurso de revocatoria solicitando su nulidad, misma que aún se encuentra pendiente de resolución, cuyo resultado depende de la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la parte in fine del art. 20.II del DS 28592, que textualmente establece que: “Los proveídos de mero trámite, notificación y Resolución de inicio del proceso administrativo no podrán ser impugnados por constituir instrumentos preparatorios de mero trámite, que no producen indefensión, ni impiden la continuación del procedimiento”.
Sostiene que la norma ahora impugnada vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa, derechos reconocidos por los arts. 115.II y 117.I de la CPE, debido a que la misma establece que no se puede recurrir, objetar ni impugnar la resolución administrativa que da inicio a un proceso administrativo, así como los proveídos y notificaciones, que en su caso buscan dar una sanción por la presunta comisión de una infracción administrativa.
Refiere que el art. 180.II constitucional, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, norma que está vinculada al art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que forma parte del bloque de constitucionalidad de conformidad al art. 410 de la CPE, por lo que es un deber del Estado proteger este principio reconocido tanto por la Norma Suprema, como por instrumentos internacionales en materia de Derecho Humanos; es claro que el contenido de la norma impugnada deja cerrada la posibilidad de impugnar las resoluciones administrativas, extremo que vulnera el referido principio que debe ser aplicado en todo proceso administrativo como judicial, ya que debe advertirse que las autoridades no están exentas de cometer errores, omisiones o incluso injusticias, muchas veces sin advertirlas.
- Walter Isidro Arízaga Cervantes, Rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH),
- I.1. Contenido de la acción
- rechazó
- I.3. Admisión y citación
- 1)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de inconstitucionalidad concreta su naturaleza y alcances
- 2.
- Fragmento 16
- En las acciones de inconstitucionalidad, la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideran infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado
- III.3
- Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
- h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.
- toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione ó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad
- el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente; y que, además ha sido reiterada recientemente en la jurisprudencia de la presente gestión, específicamente en la SC 0014/2010-R de 12 de abril, establece lo siguiente: '…la Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, lo que implica que la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, como un principio procesal y como una garantía de la administración de justicia'.
- La garantía consagrada por el art. 16 de la CPE abrg, actualmente 115.II de la CPE, reconocido como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido entendida por este Tribunal en su uniforme jurisprudencia básicamente como: «el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generalmente aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- En este mismo sentido la SC 1863/2010-R de 25 de octubre precisó: 'El proceso administrativo, debe hallarse impregnado de todos los elementos del debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial en cuanto al juez natural, legalidad formal, tipicidad y defensa irrestricta'. Entendimiento que concuerda con la doctrina del derecho sancionador administrativo cuando se afirma: 'Que este no tiene esencia diferente a la del derecho penal general, y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas la administración, y las sanciones penales los tribunales en materia penal'. (García de Enterría, E. y Fernández, T.R., Curso de Derecho Administrativo, II, Civitas, Madrid, 1999, pág. 159)”
- Fragmento 26
- III.4
- contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por ley
- el derecho a la doble instancia o de recurrir ante una instancia superior, permite que esta última, conozca y revise la resolución pronunciada por el tribunal de primera grado. Instancia superior que debe ser diferente a la que emitió la decisión administrativa sancionadora en primera instancia,
- i)
- es impugnables en sede administrativa y sujeta a control jurisdiccional posterior cuando se trata de actos administrativos definitivos, lo que no implica que aquellos actos administrativos no definitivos no puedan ser cuestionados; sin embargo, en este último caso, se lo hará en ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, y solamente de manera preventiva
- los actos administrativos definitivos y los de trámite o de procedimiento.
- que los actos administrativos susceptibles de impugnación, ya sea mediante los recursos administrativos o por vía jurisdiccional ulterior, son los definitivos y los equivalentes o asimilables, estos últimos porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión, sin embargo, impiden totalmente la tramitación del problema de fondo, y por tanto, reciben el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, porque con mayor razón son impugnables.
- Mientras que los actos administrativos de trámite o de procedimiento son los pasos intermedios que suelen dar lugar a la obtención del acto final o último o que sirven para la formación del mismo, se refieren expresamente a los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico, que antes o luego de la emisión del cato administrativos, deben cumplirse.
- III.6
- Fragmento 36
- CONSTITUCIONALIDAD