Sentencia Constitucional Plurinacional: 0937/2014

En esa línea de entendimiento y siguiendo lo diseñado por la doctrina y desarrollado por la jurisprudencia constitucional de este Tribunal, el control plural de constitucionalidad se ejerce en tres dimensiones: 1) control normativo de constitucionalidad; 2) el control tutelar de constitucionalidad; y, 3) el control competencial de constitucionalidad.

Los procesos constitucionales, se caracterizan por tener trámites rápidos, expeditos, sencillos y eficaces, sujetándose a reglas y plazos, consolidando la delimitación de los campos de acción y ámbito de protección en los que se desarrollan los procesos constitucionales para lograr su máxima eficacia. De ahí porqué es fundamental la delimitación del: 1) Órgano competente que conocerá y resolverá la acción o recurso del que se trate; 2) Del objeto del proceso constitucional; 3) Los supuestos de procedencia respecto de los cuales se activa la acción o el recurso constitucional; 4) La legitimación activa y pasiva, precisando quienes son los sujetos procesales que pueden activar determinado mecanismo; 5) Plazos de presentación, de resolución, que son de inexcusable observancia; 6) Requisitos formales y de fondo que debe contener la acción o recurso constitucional; 7) Supuestos de improcedencia; 8) Procedimiento particular de cada acción o recurso en relación a su naturaleza jurídica y objeto; y, 9) Contenido de la Resolución y efectos de la misma.

La particularidad de los procesos constitucionales debido a su objeto (preceptos constitucionales) y su finalidad (preservar el ordenamiento constitucional), impone un procedimiento especial, donde el juez constitucional asume un rol determinante en el proceso constitucional, no se limita a observar la actividad procesal de las partes, sino que debe encaminarla hacia el resultado del proceso. En realidad, es un director del proceso, a fin de esclarecer los hechos y formar convicción para resolver en consecuencia.

La Norma Suprema en su art. 122, determina que la nulidad opera en dos supuestos: usurpación de funciones por incompetencia y ejercicio jurisdiccional o potestativo que no emana de la ley, ya sea en los ámbitos del derecho público acto-administrativo o jurisdiccional, cuando éste ha quebrantado el ordenamiento jurídico; así el art. 143 del Código Procesal Constitucional refiere que: “El Recurso Directo de Nulidad tiene por objeto declarar la nulidad de los actos de los Órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no les competen, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”, concluyendo que este recurso procede en tres circunstancias: 1) Contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen; 2) Contra actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley; y, 3) Contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida en sus funciones o hubiere cesado; concluyendo que el recurso directo de nulidad no es el mecanismo para cuestionar el contenido mismo del acto; es decir, no se encuentra destinado a valorar el fondo de un determinado acto, su fin es establecer si el recurrido ha actuado dentro de los límites de su jurisdicción o competencia establecidos en la Norma Fundamental y las Leyes.