SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1598/2014

El art. 23.I de la CPE, dispone: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”; disposición que está en íntima relación con la regulación general de todos los derechos establecidos por la actual norma constitucional que en su art. 13.I ha dispuesto: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.

Luego, el art. 125 de la Ley Fundamental, sostiene: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

La naturaleza jurídica de esta acción está íntimamente ligada a lo que es un procesamiento o juzgamiento indebidos o que se le haya privado de libertad a una persona, sin respetarse los procedimientos legales constituidos para este fin, por tal motivo, necesariamente debe estar relacionado con este tipo de situaciones, ya que de no ser así, no cabe la posibilidad de su tratamiento o de su viabilidad. Se reitera en este punto, que la finalidad primera de esta acción es tutelar el derecho a la libertad o el resguardo de la vida de una persona, no otro tipo de derechos que están protegidos por las otras acciones establecidas por la Constitución o por otras leyes especiales o específicas.