SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 01899/2014

Sucre, 25 de septiembre de 2014

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: Tata Gualberto Cusi Mamani

Acción de libertad

Expediente: 06020-2014-13-AL

Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 16 de enero de 2014, cursante de fs. 127 vta. a 129, pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Nisa Nelly Ludeño Espada en representación sin mandato de María del Rosario Espada Herbas contra Sigfrido Soleto Gualoa y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de enero de 2014, cursante de fs. 85 a 88, la representante por la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal que se le sigue a denuncia de Sonia Gabriela Pinto Montaño y otros, por la presunta comisión del delito de extorsión; el 19 de marzo de 2013 se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde se ordenó su detención preventiva; determinación que al ser apelada, la Sala Penal Primera por Auto de Vista de 26 de septiembre de ese año, determinó anular la audiencia de medidas cautelares. Por tal razón, se interpuso acción de amparo constitucional, dictándose la Resolución de 20 de noviembre de 2013, otorgando la tutela, anulando el Auto de Vista indicado, determinando que de inmediato se reinstale la audiencia y se pronuncie revocando o confirmando el Auto interlocutorio apelado.

El 24 de diciembre del mismo año, en audiencia de apelación de medida cautelar, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz dictó Auto de Vista determinando revocar parcialmente la Resolución apelada, dejando sin efecto los arts. 233.2 y 235.2, modificando en parte el numeral 4 relativo al numeral 1 del art. 235, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP), declarando improcedente la apelación de la parte civil y el Ministerio Público; manteniendo su detención preventiva, en base a lo previsto en el art. 233.1 del citado Código, lo que atenta su derecho a la libertad, al no concurrir de manera simultánea los dos requisitos establecidos en el artículo señalado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Estima lesionados los derechos de la accionante a la libertad y seguridad personal, citando al efecto los arts. 21 inc. 7), 22 y 23.I.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 16 de enero de 2014, según acta cursante de fs. 125 a 127 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, ratificó el contenido de la acción de libertad agregando que los presupuestos establecidos en el art. 233 del CPP, tienen que ser considerados de forma indisoluble, para la procedencia de la detención preventiva, por lo que al no haber sido valorados de esa forma por las autoridades demandadas la detención es ilegal e indebida, por incumplimiento a la norma y jurisprudencia constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Sigfrido Soleto Gualoa y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el informe escrito que cursa a fs. 110 y vta., señalan que para la procedencia de la acción de libertad se deben considerar tres requisitos esenciales: haberse producido una detención, que sea ilegal y no haya sido dispuesta por autoridad judicial. En el caso presente se resolvió revocar parcialmente la Resolución apelada, revocando el numeral. 2 del art. 233 y el numeral. 2 de art. 235 del CPP, modificando en parte el numeral. 4, relativo al numeral. 1 del art. 235 del citado Código que ya se daba por enervado en el Auto original de 21 de marzo de 2013, declarando improcedente la apelación de la parte civil y el Ministerio Público con los fundamentos establecidos por el Tribunal de alzada.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías mediante Resolución de 16 de enero de 2014, cursante de fs. 127 vta. a 129, concedió la tutela solicitada, ordenando se renueve la audiencia en el plazo de tres días, debiendo dictarse un auto coherente entre la parte considerativa y la resolutiva, con la debida motivación; bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 233 del CPP, determina como presupuestos para la detención preventiva la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficientes de que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; y, b) La Norma Suprema establece la obligación de jueces y tribunales ordinarios de proteger oportuna y efectivamente a toda persona, por lo que analizando la Resolución cuestionada se evidencia contradicción que vulnera el debido proceso, en su componente de motivación de las resoluciones, en todo caso, si no concurre lo previsto en el art. 233.2 del CPP, deben aplicarse medidas sustitutivas a la detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se llega a las siguientes conclusiones:

II.1. El 24 de diciembre de 2013, en audiencia de apelación de medidas cautelares, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz determinó revocar parcialmente la Resolución de 21 de marzo del mismo año, dictada por el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal, que determinó la detención preventiva de María del Rosario Espada Herbas, ahora accionante, “revocándose el num. 2 del art. 233 y el num. 2 del art. 235 del Código de Procedimiento Penal; modificando en parte el num. 4 relativo al num. 1 del art. 235 del Código de Procedimiento Penal, porque ya se daba por enervado en la resolución original” (sic) declarándose por lo tanto improcedente la apelación de la parte civil y del Ministerio Público, con la fundamentación establecida por dicho Tribunal (fs. 2 a 18).

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

La representante por la accionante denuncia que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de extorsión, se ordenó su detención preventiva, apelada la cual, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, dictó Auto de Vista revocando parcialmente la Resolución de 12 de marzo de 2013, del Juez inferior, revocando los arts. 233.2 y 235.2 del CPP; y, modificando en parte el numeral 4 relativo al numeral 1 del art. 235 del mismo cuerpo legal, manteniendo por lo tanto su detención preventiva, sobre la base de lo previsto en el art. 233.1 del citado Código, atentando así contra su derecho a la libertad, al no concurrir de manera simultánea los dos requisitos establecidos en el referido artículo.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

El art. 125 la CPE, dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Es en este sentido, la SCP 1352/2014 de 7 de julio estableció que: “La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad.

(…)

Norma constitucional concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual establece que el objeto de esta acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión”.

III.2.Presupuestos procesales para la detención preventiva

El art. 233 del CPP, establece: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:

1.- La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible.

2.- La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”.

Norma que prevé la existencia necesaria de dos presupuestos procesales de concurrencia simultánea, conforme así lo entendió la SC 0149/2003-R de 11 de febrero, al declarar que: “...en las previsiones de los arts. 233, 234 y 235 del CPP el legislador boliviano estableció las circunstancias necesarias que deben concurrir para que el Juez cautelar, a través de una resolución fundamentada, ordene la detención preventiva del imputado, que se da cuando concurren elementos de convicción para sostener que el mismo es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible 'y' que no se someterá al proceso 'u' obstaculizará la averiguación de la verdad.

...al señalarse la 'y', como conjunción copulativa que tiene por finalidad unir palabras o ideas, se entiende que para disponer una detención preventiva deben necesariamente concurrir los requisitos establecidos en los incs. 1) y 2) del art. 233 del CPP. No puede desconocerse que en cuanto al requisito del inc. 2) del art. 233 CPP -que configura el contenido de las previsiones de los arts. 234 (peligro de fuga) o 235 (peligro de obstaculización) CPP-, se establece la 'u' como conjunción disyuntiva que se emplea en lugar de la 'o' y denota diferencia así como separación de ideas, es decir que alternativamente puede ser lo uno o lo otro; sin embargo, corresponde dejar establecido que este razonamiento no impide a que en alguna situación, de manera conjunta se den todos los requisitos y criterios establecidos en las normas referidas” (las negrillas son añadidas).

Si bien el Código Procesal Penal ha sido modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, y el texto actual no establece la conjunción copulativa (y), que tiene por finalidad unir palabras o ideas, se hace importante referirnos a la jurisprudencia constitucional desarrollada al respecto así la SCP 0339/2012 de 18 de junio, que refiere: “…la interpretación que se efectué del art. 233 del CPP, tiene que encontrarse dentro de un campo de razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio suficiente, acorde a los valores y principios de la Norma Fundamental, mismos que contribuyen decisivamente a la función de legitimidad que la Constitución Política del Estado desempeña en el Estado Democrático de Derecho Plurinacional Comunitario; en este orden, los valores desempeñan un papel de fortalecimiento de la Norma Constitucional en el proceso de creación y aplicación del derecho, porque quiérase o no, reduce el ámbito de discrecionalidad de los órganos públicos y los direcciona por líneas superiores trazadas por el Constituyente; así el art. 8.II de la CPE, proclama los siguientes valores, como base del sistema constitucional: unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien; de la misma forma, de manera general se puede señalar que los principios fundamentales se constituyen en los lineamientos esenciales del Estado, las líneas lógicas y rectoras del orden constitucional.

Ahora bien, bajo las directrices referidas y una interpretación teleológica del art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007-como se dijo y se desarrolló ut supra-, la detención preventiva tiene la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el desarrollo normal del proceso penal, así como para precautelar que no destruya u oculte pruebas o coaccione a los testigos, además de efectivizar el cumplimiento de la Resolución condenatoria; situación y medida que se muestra proporcional, al encontrar justificación en fines estrictamente constitucionales, legítimos y necesarios, pues esta medida tiene una mayor trascendencia por cuanto supone una afectación a un derecho primario como es la libertad y que en su caso, tiene vinculación con el derecho a la presunción de inocencia, toda vez que, nadie podría ser privado de su libertad si sólo concurriría el numeral segundo del artículo señalado como nos referiremos a continuación.

En este sentido y bajo el paraguas de lo desarrollado de este régimen, si bien la norma modificada por la Ley 007, no incluye la 'y' como conjunción copulativa que une las palabras o ideas; sin embargo, no podríamos aplicar una interpretación restrictiva y no progresiva al respecto, pues si bien la 'y' se encuentra ausente para unir las palabras y en este caso los dos numerales del art. 233, eso no significa de ninguna manera que, para disponer la detención preventiva no deban concurrir simultáneamente los dos presupuestos o requisitos establecidos en la norma, pues lo contrario significaría ir en contra de la voluntad del legislador, además, de contradecir la esencia y características de las medidas cautelares e inclusive su sentido teleológico; por ello, para que proceda esta medida drástica contra la libertad personal, es necesario que no solo existan elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible, sino que debe estar necesariamente casado y concurrente con el otro presupuesto, o sea, la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad” (las negrillas son añadidas).

III.3.El principio de congruencia, elemento característico del debido proceso

Al respecto, la SCP 1194/2014 de 10 de junio, citando a las SSCC, 0082/2001-R, 1009/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R y 022/2006-R y 0902/2010-R, entre otras, señaló que el debido proceso tiene entre sus elementos, diferentes derechos entre los cuales se encuentra el derecho a la motivación y congruencia de las decisiones, que se constituye en un elemento importante y característico de la garantía del debido proceso, que implica una estricta relación entre lo pedido, analizado y resuelto. En ese entendido, la SC 0358/2010-R de 22 de junio determinó: “…esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

Asimismo, la SC 1009/2003-R de 18 de julio, refirió que: “…el juzgador también deberá observar estrictamente el principio de congruencia, el mismo que no sólo requiere ser respetado en el transcurso del proceso entre una y otra resolución, sino que también es de observancia en el texto de una sola resolución, pues como establece el ordenamiento jurídico, toda resolución tiene una estructura básica que marca la estructura formal que tiene que respetarse…”.

III.4.Análisis del caso concreto

Conforme a lo expresado por la accionante, mediante Auto interlocutorio de 21 de marzo de 2013, se ordenó su detención preventiva, que al ser apelada, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto Vista de 24 de diciembre del mismo año, resolvió revocar parcialmente la resolución, manteniendo la medida cautelar, sobre la base solo de lo previsto en el art. 233.1 del CPP, dejando de lado lo establecido en el numeral 2 del mismo artículo.

Al respecto conforme a Fundamento Jurídico III.2., el Código de Procedimiento Penal determina que para la aplicación de la detención preventiva los administradores de justicia deben valorar la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; además de que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, sobre la base de los valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado y en el bloque de constitucionalidad.

En el caso presente, las autoridades demandadas, conforme a su Auto de Vista de 24 de diciembre de 2013, de forma contradictoria, a pesar de advertir la existencia de incongruencia en el Juez a quo, en vez de rectificar la errónea aplicación de la norma, resolvieron “revocar parcialmente” la Resolución de 21 de marzo del mismo año, manteniendo la detención preventiva de la accionante, únicamente sobre la base de lo previsto en el art. 233.1 del CPP, incurriendo en incongruencia en el contenido de su Resolución, al carecer de correspondencia entre lo analizado y resuelto, pues desconocieron que conforme al art. 233 del CPP, la decisión de disponer la detención preventiva de todo imputado, en los marcos de una interpretación desde y conforme a la Constitución de la señalada disposición legal, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, demanda en todo caso, la concurrencia simultánea de ambos presupuestos o requisitos, en cuanto a la existencia de suficientes elementos de convicción de que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe del hecho punible “y” la existencia de suficientes elementos de convicción de que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, contenidas en los arts. 234 y 235 del referido Código, de donde en el caso de autos, los Vocales ahora demandados, al haber “revocado” el numeral 2 del art. 233, debieron percatarse de inmediato que, ante la falta de concurrencia de uno de los requisitos esenciales al efecto, la medida cautelar adoptada incurría en un déficit de sustento legal, por la existencia tan solo de uno de los requisitos, lo que eventualmente hacía necesaria la aplicación de otro tipo de medidas cautelares, por lo que los Vocales demandados, al haber mantenido la detención preventiva originalmente dispuesta, incurrieron en detención ilegal de la accionante y por ende, lesionaron su derecho a la libertad, lo que amerita se conceda la tutela solicitada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, evaluó de forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de enero de 2014, cursante de fs. 127 vta. a 129, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

MAGISTRADO