SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1753/2014

En el expediente del proceso denominado terrorismo, signado con el código IANUS 200916378, caso 3372/09, se encuentran varios certificados médicos forenses, debido a la grave dolencia que padece su persona, cuyo diagnóstico indica que “padece de una miocardiopatía necrótica con baja capacidad funcional”, la cual le  podría causar una muerte súbita.

Con esos antecedentes relacionados a su salud, señala que el 19 de diciembre de 2013, fue internado en terapia intensiva durante varios días; por lo que, el cardiólogo Carlos Vaca Rivero emitió varios certificados médicos revelando la evolución de su salud, así como el resultado de una cinecoronariografía y que “es notorio el deterioro de las coronarias”, lo cual indica que es de extrema gravedad. Asimismo, agrega que por la cantidad de “stents” ya insertados en la zona, la próxima intervención “obligaría a una cirugía de corazón abierto”, cuyo procedimiento es de alta mortalidad e incluso refiere que actualmente presentó una nueva lesión en la coronaria derecha, que podría producirle un infarto en el único territorio sano.

En base a la recomendación del especialista, como parte del tratamiento le indica que guarde estricto reposo físico y mental, por ello el 6 de enero de 2014, ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal, presentó un incidente solicitando que su persona sea separada del proceso, en resguardo de los derechos a la vida y a la salud; toda vez que, habría sido demostrada la gravedad de su estado de salud, por lo que, propuso como perito cardiológico a Carlos Vaca Rivero, solicitando día y hora de su posesión para fines pertinentes.

En ese sentido señala que vulnerando sus derechos y garantías constitucionales y los arts. 204 y 209 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las autoridades demandadas con una serie de excusas dilataron el proceso, pues le negaron sin fundamentación legal la otorgación de día y hora de audiencia para la posesión del  perito ofrecido; sin embargo, en atención a la solicitud de la parte acusadora, el Tribunal Primero de Sentencia Penal, dispuso la conformación de una junta forense con el objeto de valorar su estado de salud, contando con un especialista en cardiología designado por el Ministerio Público.