SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0933/2015-S1
Fecha: 13-Oct-2015
a)
Celia La Fuente Torrico, Jueza Primera de Instrucción en lo Civil y Comercial, mediante informe escrito cursante de fs. 105 a 106, refirió que: a) El 25 de octubre de 2012, Rómulo Gonzales Mamani interpuso demanda ejecutiva contra Abraham Chávez Jiménez por el cobro de $us. 5 000,00 (cinco mil 00/100 dólares estadounidenses), sobre la base del documento privado de préstamo de 19 de abril de 2012; b) En etapa de ejecución de sentencia, el 14 de agosto de 2003, señaló audiencia de subasta y remate del bien otorgado en garantía, ante ello, Corina Arispe, por memorial de 8 de septiembre del mismo año, interpuso tercería de dominio excluyente, la que fue corrida en traslado a las partes y luego de ser respondida por estas, dictó el Auto de 16 de febrero de 2012 declarando su improcedencia; c) Con la indicada resolución, la tercerista fue notificada de conformidad al art. 137 del CPC, en su domicilio procesal señalado ubicado en la calle Jordán N° E-0604, edificio Camacho, primer piso, oficina 11; y, d) Posteriormente, por escrito de 4 de julio de 2012, la accionante, interpuso nulidad de notificación y de obrados, señalando domicilio procesal actual en la calle Lanza 324, edificio Orión cuarto piso, oficina 405; la que fue resuelta por Auto de 3 de febrero de 2014, contra la cual interpuso recurso de apelación, mismo que fue disipado por el superior en grado mediante Auto de 18 de septiembre de 2014.
La accionante denunció que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación y a la “seguridad jurídica”, por cuanto: a) La Jueza Primera de Instrucción en lo Civil y Comercial, mediante Auto de 3 de febrero de 2014, rechazó el incidente de nulidad que planteó contra la diligencia de 24 de febrero de 2012; y, b) El Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial, mediante Auto de Vista 017/14, confirmó el Auto Apelado.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.2.
- II.3.
- II.6.
- II.7.
- II.9.
- III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado Boliviano
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- El actor, el demandado y los demás que comparecieren en el proceso estarán obligados, para los efectos del juicio, a constituir en su primer escrito, domicilio
- III.4. Sobre la notificación en el domicilio procesal
- Las notificaciones en todos estos casos se harán por cédula en los domicilio señalados por las partes para los efectos del proceso
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía
- 1) Derecho fundamental:
- 2) Garantía jurisdiccional:
- De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados,
- El Estado garantiza el derecho
- es un derecho que a la vez forma parte de las garantías jurisdiccionales; y que ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como: '…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea
- el derecho a la defensa está configurado como un derecho fundamental de las personas, a través del cual se exige que dentro de cualquier proceso en el que intervenga, tiene la facultad de exigir ser escuchada antes de que se establezca una determinación o se pronuncie un fallo
- el derecho a la defensa es la ‘…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- Es decir, que el derecho a la defensa se extienda: i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal
- Fragmento 27
- La impugnación implica un ataque frontal contra una determinación judicial que se considere gravosa o lesiva a los intereses jurídicos de una de las partes sometidas a la jurisdicción de una autoridad
- Se debe tener presente que, toda resolución judicial por más perfecta que le parezca al juzgador, es fruto de la obra humana, de modo que no puede ser intachable o infalible. En el marco de ese razonamiento, el régimen de las impugnaciones, constituye un elemento imprescindible del debido proceso, porque a través de ella es posible cuestionar los fallos dentro de una misma estructura jurídica de un Estado. Bajo esa premisa, desde la óptica de la Norma Fundamental, la impugnación se entiende como un principio, tal como prescribe el art. 180.II de la CPE, cuyo texto señala: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’. Sin embargo, se debe tener claramente definido que, el constituyente boliviano, al referirse a la impugnación como un principio, quiso referirse al derecho fundamental de recurrir el fallo judicial ante la autoridad superior en jerarquía
- En el fondo, su esencia y naturaleza radica en el hecho de revisar la determinación judicial por ser vulneratoria de los derechos que les asisten a las partes en contienda y, sólo así es posible garantizar una justicia imparcial; por cuanto, las decisiones del inferior estarán controladas por un tribunal superior, garantizando así la protección efectiva de los derechos de los justiciables, no otra cosa significa acudir a una autoridad con la esperanza de que se reparará las lesiones sufridas en una instancia inferior”
- ha dejado establecido que: ’«la seguridad jurídica» es un principio, y al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o
- administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento’.
- más sin embargo, ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal
- III.9. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR