SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0977/2015-S1

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 29 de abril de 2015, cursante de fs. 32 a 34, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, dentro del plazo de veinticuatro horas emita la resolución que corresponda, bajo  los siguientes fundamentos: 1) Desde la petición de cesación a la detención preventiva formulada por la imputada el 13 de abril de 2015, hasta la sustanciación de la audiencia cuestionada llevada a cabo el 27 del mes y año mencionados, transcurrió aproximadamente catorce días, tiempo en el cual las partes no se habrían pronunciado al respecto; 2) Instalada la audiencia la autoridad jurisdiccional escucho los "fundamentos" de la defensa de la accionante, así como del responsable del Ministerio Público, constando en el acta la realización de un cuarto intermedio de cinco minutos para revisar la prueba aparejada al efecto, cumplido el mismo dictó Resolución señalando que en ese estado procesal se dio cuenta de que no había impreso el trámite que la ley prevé en el art. 239.2 y 3 del CPP, por lo que en función al art. 268 del citado Código, en la vía de enmienda y corrección dispuso la suspensión de la audiencia y la notificación "en el día con la resolución a la víctima en su lugar de trabajo, en función del tercer párrafo del Art 239 del CPP" (sic), haciendo constar que tomaría en cuenta lo manifestado por la imputada y por el Ministerio Público; 3) En dicha actuación procesal, la defensa de la ahora impetrante de tutela, en vía de enmienda y complementación solicitó dejar sin efecto la determinación de la Jueza demandada, haciendo constar la existencia de un memorial de 15 del aludido mes y año, presentado por la denunciante Vivian Angélica Pozo Uria, mediante el que desistió de manera definitiva, absoluta y voluntaria a la prosecución de la acción penal, en mérito a lo que consideraron innecesario el traslado respectivo y haciendo notar el tiempo que transcurrió, así como la notificación a la víctima en tablero; sin embargo, la aludida Jueza, sin pronunciarse respecto a la petición simplemente se remitió a la determinación asumida; 4) La autoridad jurisdiccional demandada fijó audiencia fuera de                               los plazos razonable descritos en la jurisprudencia constitucional, después de aproximadamente catorce días; 5) Se suspendió la audiencia alegando que la víctima tenía que haber sido notificada en su lugar de trabajo, cuando la normativa procesal penal no exige dicha formalidad, máxime si el 27 de abril de 2015, ya existía un memorial mediante la cual ella desistió de la acción penal; 6) La víctima indicó su domicilio en el tablero del juzgado, encontrándose legalmente notificada con la petición de la cesación de detención preventiva, no habiendo óbice alguno a efectos de que la Jueza demandada se pronuncie respecto a la situación jurídica de la imputada, más aun si sobrepaso los plazos procesales que instaura el art. 239 en su párrafo tercero del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal; y, 7) Es aplicable la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, respecto a lo contenido en su Fundamento Jurídico III.3 inc. c) porque se afectó el principio de celeridad.