SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1347/2015-S2

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 10 de julio de 2015, cursante de fs. 185 a 187 de obrados, denegó la tutela solicitada con los siguientes fundamentos: 1) Existe una disparidad entre los argumentos manejados en el incidente planteado, donde no hace referencia alguna a los que fueron manifestados en la presente acción de amparo constitucional; es decir que, no existe una coherencia entre lo reclamado ante el Juez y lo solicitado en el caso a través de dicha acción; 2) No es suficiente realizar una serie de afirmaciones o citas legales doctrinales o jurisdiccionales, sino se realiza una adecuada motivación respecto a las razones por las cuales la diligencia practicada con la Sentencia debería ser anulada, si ésta recién aparece en el momento de la presente acción de defensa; 3) El art. 82.I del CPC, señala que después de las citaciones con la demanda y la reconvención, las actuaciones judiciales en todas las instancias y fases del proceso deben ser inmediatamente notificadas a las partes en Secretaría del Juzgado o Tribunal, o por los medios electrónicos, conforme a las disposiciones de la presente sección. Estableciéndose así, que son dos las únicas actuaciones que deben cumplirse fuera de los estrados judiciales, la demanda en el domicilio real del demandado y la reconvención en el domicilio procesal de éste; 4) De la misma forma, el art. 84 del mismo Código Procesal, advierte que por principio las actuaciones judiciales en todos los estados serán inmediatamente notificados a las partes por Secretaria del Juzgado o Tribunal, excepto los casos previstos por ley; y a su vez, establece que debe funcionar el libro de citaciones y notificaciones, para dejar constancia de que las partes acudieron ante el Tribunal, como el hecho de garantizar de que los mismos no sean sorprendidos con una notificación que no corresponda; 5) Dentro de esta acción tutelar, el accionante no justificó respecto a cuál sería el motivo para que el Oficial de Diligencias no haya podido ingresar a su domicilio, de la misma forma no se encontró en los antecedentes procesales, ningún reclamo en el que se hubiese negado a la accionante el uso del libro de citaciones o notificaciones; y, 6) La jurisprudencia tanto ordinaria como constitucional, refirió que si las partes hacen un reclamo de un derecho, este implica dejar en constancia la vulneración de ese derecho; en ese sentido, no existe ningún antecedente de que la accionante hubiese reclamado ante el Juez encargado de la tramitación de la causa la no proporción o acceso a dicho libro de citaciones y notificaciones. Por lo que se considera que hubo negligencia por parte de la accionante en el uso de los mecanismos en defensa de sus derechos.