SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1364/2015-S2

Una de las características inherentes a los actos administrativos, es la ejecutividad, entendida como la obligatoriedad de su acatamiento, que hace a la exigibilidad del acto a partir de su notificación, siendo éste actuado el que a su vez genera la fuerza jurídica, y sobre todo la convicción pública respecto a la eficacia del acto y sobretodo suscita el deber de su acatamiento, lo que nos permite aseverar que algunos actos administrativos requieren de otros actos secundarios para su cumplimiento, lo que no implica que estos actos secundarios tengan vida jurídica propia y autónoma. ‘Existen actos administrativos que carecen de vida independiente, pues son una mera reproducción de otros anteriores’.

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto precedentemente se concluye que un acto administrativo firme podrá ser impugnado en la jurisdicción constitucional, únicamente cuando hubiese originado lesión de derechos y por el contrario no podrá objetarse un acto administrativo de mera ejecución pues carece de trascendencia constitucional, en tanto únicamente procura el cumplimiento de lo dispuesto en otro acto considerado principal que en definitiva es el que ha creado, modificado o extinguido algún derecho.