SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0135/2015-S1

Por su parte, el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), respecto al acto administrativo dispone: “Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo” (las negrillas nos corresponden); también prescribe respecto a la procedencia de los medios recursivos en su art. 56, al expresar: “I. Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. II. Para efectos de esta Ley, se entenderán por resoluciones definitivas o actos administrativos, que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa” (las negrillas son ilustrativas).  

Tomando en cuenta las disposiciones legales que preceden, la             SCP 0365/2014 de 21 de febrero, determinó que: “… los recursos de alzada y jerárquico, son aquellos que pueden ser interpuestos a efectos de impugnar los actos administrativos definitivos de alcance particular conforme se ha señalado precedentemente por la normativa tributaria”.