SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0219/2015-S1

La justicia constitucional ha sido determinante y taxativa al señalar, mediante la SCP 0051/2014-S2 de 21 de octubre, que: “El Tribunal Constitucional a través de la SC 0489/2010-R de 5 de julio, con relación a este tema, señaló: 'En cuanto respecta propiamente a la tutela al debido proceso a través de esta acción tutelar, el Tribunal Constitucional señaló de manera reiterada y uniforme que dicha protección abarca únicamente aquellos supuestos en los que se encuentra directamente vinculado al derecho a la libertad personal y de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión. En otras palabras, las vulneraciones al debido proceso ameritan la protección de la acción de libertad, únicamente en los casos en que el acto considerado ilegal haya lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, mientras que las demás vulneraciones relacionadas a esta garantía, que no tengan vinculación inmediata ni directa con el derecho a la libertad, deben ser reclamadas a través de los medios ordinarios de defensa ante los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad, lo contrario significaría una desnaturalización a la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primeramente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional…'. Entendimiento que ha sido reiterado por la SCP 1622/2014 de 19 de agosto”.

De la jurisprudencia señalada precedentemente se deduce con claridad, que el debido proceso es tutelable mediante acción de libertad, siempre y cuando la vulneración alegada se halle en directa vinculación con la libertad; caso contrario, corresponde, previo agotamiento de los mecanismos intraprocesales, activar la acción de amparo constitucional.