SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0401/2015-S2

(…) se entiende que la persecución indebida debe verse materializada en actos o acciones que permitan concluir la existencia de una amenaza a este derecho, en consecuencia, si no se advierte la orden o emisión de ningún mandamiento que disponga la privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es posible admitir que éste estuviera indebida o ilegalmente perseguido, por cuanto, es irracional suponer que podría ejecutarse una disposición que no existe ni existió jamás, y en los hechos, el accionante nunca pudo ni podrá ser objeto de persecución ni hostigamiento'” (las negrillas nos corresponden).

              Del marco jurisprudencial glosado, se concluye que para considerar la existencia de una persecución indebida o ilegal, debe concurrir necesariamente una conexión con el derecho a la libertad física que pueda ser sujeta a examen mediante la presente garantía constitucional; dado que de no existir una amenaza cierta y evidente que este derecho está en peligro, carecería de eficacia y razón la tutela pretendida; por lo que, lógicamente, no resulta viable la concesión de la tutela cuando, el o la accionante sustentan su demanda tutelar, en posibles acciones futuras y en suposiciones que su libertad será restringida, sin la constancia debida de una orden o mandamiento en dicho sentido. Siendo ineludible también enfatizar que, de acuerdo a los razonamientos jurisprudenciales expuestos, la persecución ilegal se da en dos supuestos: El primero ante la existencia de órdenes de detención libradas al margen de los casos previstos por ley e incumplimiento requisitos y formalidades legales; y, el segundo, el hostigamiento sin justificativo legal alguno, ni orden de captura emitido por autoridad competente. Cuestiones que deben ser verificadas por este Tribunal para otorgar la tutela pretendida en los casos en que se active la acción de libertad por dicha causa.