SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0437/2015-S3
Fecha: 04-May-2015
II.1.2.
II.1.2. El Administrador de la Aduana a.i. Gerencia Regional La Paz de Aduana Nacional de Bolivia, mediante Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-168/2013 de 7 de octubre, declaró probada en parte la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de Alberto Ramírez Calle, apoderado de Alejandro Azcarate Fina, disponiendo en consecuencia el comiso definitivo, de la mercancía descrita en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-671/2013 de 12 de septiembre, en Relación al Acta de Intervención COARLPZ-C-505/2012 de 18 de octubre y Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR-722/2012 de 11 de octubre, correspondiente a los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; por lo que, corresponde su disposición conforme a Ley 317 del Presupuesto General del Estado gestión 2013 y respecto al ítem 2, su devolución a su legítimo propietario (fs. 32 a 40).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.1.1.
- II.1.2.
- II.2.
- II.3.
- II.3.1.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 17
- ); por ello, planteó una relación de causalidad entre el sometimiento de las autoridades a los estándares interpretativos y la vigencia de derechos, garantías, principios y valores en la actividad hermenéutica, con la conclusión que la interpretación de una norma no puede conducir a la creación de una norma distinta de la interpretada.
- De lo referido solo resulta exigible una precisa presentación, por parte de los accionantes, que muestre a la justicia constitucional porqué la interpretación desarrollada por las autoridades vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias, dentro del proceso judicial o administrativo, lesiona derechos y garantías constitucionales”
- a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial”
- III.2. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR