SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0579/2015-S1

Señala que, a raíz de un patrocinio en la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, producto de un contrato de obra seguido por MULLER S.R.L. contra CONSER S.A. por un monto de $us2 789 894,01 (dos millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro 01/100 dólares estadounidenses), en la que la empresa patrocinada MULLER S.R.L. de manera voluntaria habría aceptado pagar por tal servicio los montos del arancel mínimo del Colegio de Abogados; luego de seis años y siete meses de tramitado el referido proceso, se dictó  la sentencia de primera instancia y posteriormente se interpuso una apelación; en ese estado de la causa, habría presentado la liquidación de honorarios por un monto de $us98 694,34 (noventa y ocho mil seiscientos noventa y cuatro 34/100 dólares estadounidenses); la empresa patrocinada fue notificada con la mencionada liquidación el 9 de septiembre de 2010, y no habiéndose pronunciado durante once meses, el 9 de agosto de 2011, solicitó su aprobación, porque consideraba que ante su inactividad y silencio, la referida empresa habría consentido y convalidado el monto establecido. Por su parte la Jueza Octava de Partido en lo Civil -ahora demandada-, por providencia de 10 de agosto de 2011, se habría negado a aprobar dicha liquidación de honorarios profesionales.

Habiendo interpuesto el recurso de reposición, por Auto de 5 de marzo de 2013, dispuso el rechazo concediéndole la apelación en el efecto devolutivo; a su turno la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó la Resolución 268/2013 de 12 de agosto, por la cual revocó el Auto apelado, ordenando que el Juez de primera instancia realice el tramite respecto al pago de honorarios profesionales de conformidad con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía. Devuelto el expediente al Juez a quo, dicha autoridad habría providenciado “Cúmplase y adjúntese a sus antecedentes con noticia de partes” (sic), pero, por Auto de 15 de enero de 2014, habría dispuesto no ha lugar a la aprobación de la liquidación, y por el contrario, reliquidó sus honorarios en la suma de Bs7 000 (siete mil bolivianos), actuación que considera atentatoria a su derecho al trabajo en su vertiente a la remuneración justa. Finalmente, considera nulo y atentatorio a sus intereses el Auto de 15 de enero de 2014, pronunciada por la Juez -ahora demandada-, quien habría actuado sin jurisdicción y competencia, a ese efecto invocó el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).