SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0627/2015-S2

El 8 de mayo de 2014, el camión volvo, color blanco, con placa de control 3125 BSH, fue intervenido por efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) y remitido a Almacenera Boliviana (ALBO), donde se le inició un sumario contravencional por el supuesto ilícito de contrabando, proceso en el que luego de haber transcurrido más de tres meses, la Administración Aduanera, dictó la Resolución Sancionatoria “AN-SCRZI-SPCCR-RS”, confirmando el contrabando, con el argumento que la documental presentada, no correspondía a la mercadería declarada, ya que no existía coincidencia en los códigos; contra esa decisión, la ahora accionante Eva Gladys Mallcu Huaylla, propietaria de la mercancía incautada, presentó recurso de alzada, manifestando que la Administración Aduanera a tiempo de emitir Resolución, no sólo omitió realizar la debida fundamentación e interpretación de las normas, sino que no tomó en cuenta varios factores de orden técnico y probatorio.

Enfatiza que el plazo para resolver el citado recurso interpuesto es de aproximadamente de 90 días y similar plazo para el recurso jerárquico, lapso de tiempo que a decir de Hilaria Vásquez Camacho, propietaria del vehículo, estará impedida de utilizar su vehículo, por cuanto la citada Resolución sancionatoria, dispuso además el comiso de su medio y unidad de transporte, debiendo cancelarse una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor Código de Identificación Fiscal (CIF) de la mercancía incautada, por lo que a fin de liberar su motorizado, y toda vez que sobre el mismo no pesa ninguna imputación de contrabando, solicitó sustitución de pago de multa por boleta de garantía bancaria, petición que por proveído de 9 de septiembre de 2014, Rosangela Frías Banegas, Administradora a.i. de la Aduana Interior de Santa Cruz, resolvió declarando no ha lugar a dicha solicitud, imposibilitándola de este modo a ejercer su derecho al trabajo.