SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0635/2015-S3

El 10 de mayo de 2012, suscribió un contrato de alquiler con Sonia Vallejos Vásquez de Albarracín -ahora demandada-, sobre un inmueble que estaba destinado para el funcionamiento de un restaurante, habiéndose convenido al efecto el pago de un monto mensual; empero, poco tiempo después la demandada pretendió duplicar el canon acordado, y ante la negativa se dio a la tarea de desacreditar el servicio que prestaba en dicho negocio, hechos que llevaron a la disminución drástica de su clientela y por ende de sus ingresos.

Seguidamente, el 10 de abril de 2014, de manera ilegal la demandada con ayuda de un cerrajero, abrió la puerta de ingreso del inmueble alquilado y junto con un Notario de Fe Pública procedió a levantar un inventario de bienes “…según sus intereses…” (sic), cambiando los candados y poniendo cadenas; por lo cual, no se le permitió ingresar más a tal propiedad.

Añadió que estos hechos se plasmaron en el acta notarial 07/2014 de 10 de abril, en el que se evidenció el despojo del cual fue objeto; asimismo, a fin de hacer notar los actos ilegales cometidos, cursó cartas notariadas a la demandada en su domicilio real, impetrando el cese de las medidas de hecho, el retiro de la cadena y candado colocados, se repongan los bienes sustraídos y finalmente le otorgue la posesión del inmueble que le corresponde; sin embargo, ninguna de las notas fue respondida y por el contrario, reforzó los medios tendientes a impedir su ingreso a dicho inmueble.

Ante tales hechos presentó ante el Ministerio Público denuncias por los ilícitos de robo agravado, allanamiento, amenazas, coacciones y otros, proceso que a la fecha se encuentra en fase de toma de las declaraciones informativas; asimismo, existe una querella particular presentada ante el Juzgado Primero de Sentencia Penal del departamento de La Paz, proceso que llegó a ser desestimado pese a las pruebas presentadas.