SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0691/2015-S1
Fecha: 26-Jun-2015
II.5.
II.5. Por Auto Supremo 369/2014 de 11 de julio, los Magistrados demandados, anularon todo lo obrado hasta el Auto de Admisión de la demanda de división y partición, disponiendo que la ahora accionante acuda a la autoridad competente para conocer su pretensión, conforme a los siguientes fundamentos: a) Para analizar lo manifestado por María René Calvo Salguero sobre la división y partición del patrimonio del de cujus en un 66,66% a su favor en su condición de viuda, debe con carácter previo realizarse el reconocimiento de los bienes gananciales en disputa ante un juez familiar; aspecto que debió haber sido observado por la autoridad a quo a un inicio, en vista a que los jueces en materia civil carecen de idoneidad para decidir sobre lo referido; b) La infracción de la competencia da lugar a la nulidad, conforme lo establece el art. 122 de la CPE, al ser de orden e interés público o social y de cumplimiento obligatorio, en el marco del art. 12 de la LOJ, a cuyo efecto el art. 106.I del CPC, señala que: "La nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del proceso…", en ese mismo sentido el art. 17 de la LOJ, admite la potestad de los jueces de revisar de oficio las actuaciones procesales; c) El art. 380 en su parte segunda del CF, prevé que: "En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el juez de familia", por lo que antes de analizar el asunto principal de la demanda debe previamente dilucidarse si la herencia sobre la que se pretende la división y partición son parte o no de la comunidad ganancial; y, d) No corresponde considerar el recurso de casación en el fondo al haber sido deducido contra un Auto de Vista anulatorio de obrados; determinación notificada a la accionante el 14 de julio de 2014 (fs. 51 a 55).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- sí procede la tutela constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar 'cosa juzgada'
- la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común
- "…'…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales…'"
- El debido proceso es una garantía de orden constitucional,
- Principio, porque está dirigido a conservar el estado de inocencia de la persona durante todo el trámite procesal, ello supone que se convierte en una directriz de la administración de justicia que debe ser observada por todas las autoridades y servidores públicos encargados de ejercitar la potestad punitiva del Estado, tanto en el ámbito punitivo como en todo el sistema administrativo sancionador.
- Derecho, porque es predicable respecto de todas las personas, vincula a todos los órganos de poder y se encuentra reconocido como un derecho humano por los instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 26) como en los instrumentos internacionales se encuentra reconocido como un derecho humano
- En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia
- a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- se debe asegurar al acceso irrestricto a la justicia, brindando una tutela judicial efectiva
- III.4. Sobre la nulidad de los actos procesales y los principios que la rigen, como presupuestos o antecedentes para su procedencia
- la nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto
- , para que opere una declaratoria de nulidad, aún de oficio
- III.5.
- CONFIRMAR