SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0062/2015

Sucre, 16 de julio de 2015

SALA PLENA

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de inconstitucionalidad concreta

Expediente: 07829-2014-16-AIC

Departamento: Chuquisaca

En la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Ramiro Vargas Zárate, demandando la inconstitucionalidad del art. “254.II” del Código Penal (CP) reformado por el art. 83 de la Ley 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, vinculada directamente con el art. 84 del mismo cuerpo legal, introductorio del tipo penal “FEMINICIDIO”, como art. 252 bis del CP, por ser presuntamente contrarios a los arts. 8.II; 9.1 y 4; 13; 14.I y II; 109 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 1, 2.1 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 1 y 24 del “Pacto de San José de Costa Rica”; 5 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 1.1 y 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

El accionante mediante memorial presentado el 7 de febrero de 2014, cursante de fs. 1 a 13, expresó lo siguiente:

En vigencia de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, modificatoria del Código Penal e introductoria de nuevos tipos penales, se le inició proceso penal por la presunta comisión del delito de “feminicidio” sancionado por el art. 252 bis del CP introducido por la citada “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”; en el que se viene desarrollando la fase de investigación, mientras su persona se encuentra recluida en la Cárcel Pública de “San Roque”, viéndose imposibilitado de aportar mayor prueba a la investigación o realizar otros esfuerzos que en materia penal son onerosos como los trámites de peritajes, contratación de profesionales abogados y otros, que en las actuales circunstancias considera innecesario porque el resultado único, es el desmedro de su patrimonio precisamente por las características de los artículos que ahora impugna, mientras no se devele las dudas sobre su constitucionalidad, por cuanto la única pena que se aplicará si es encontrado culpable, es de treinta años sin derecho a indulto, según el art. 252 del CP, introducido por el art. 84 (nuevos tipos penales) de la Ley 348 concordante con el art. 83 modificatoria al art. 254 “homicidio por emoción violenta” que prohíbe la aplicación de esta figura al ser humano varón, por lo que considera inconstitucional esta reforma al Código Penal vinculado al nuevo tipo penal de feminicidio.

En este sentido, refiere que la Ley 348 ha modificado varios artículos del Código Penal vigente y en concreto, el art. 254 “Homicidio por emoción Violenta”, incluyendo o retirando palabras que hacen a la conformación de los elementos de este tipo penal; el cual así reformado en su segundo párrafo está en franca contradicción con la Constitución Política del Estado, vulnera derechos, contradice disposiciones contenidas en tratados internacionales suscritos por el Estado, genera contradicciones en la propia Ley 348, “presenta obscuridad” (sic); esta ley además, en su art. 84 introduce un nuevo tipo penal denominado "feminicidio” que va en desmedro del procesado de sexo masculino, al vincularse directamente con el art. 83, porque el art. 254 del CP modificado decía: “El que matare a otro en estado de emoción violenta excusable o impulsado por móviles honorables, será sancionada (o) con reclusión de uno a seis años. La sanción será de dos a ocho años para el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente, en dicho estado”. Al texto citado, el legislador procedió a modificarlo introduciendo la palabra "otra" precisando el género femenino y diferenciándolo del masculino que anteriormente a la modificación, utilizaba la palabra "otro”; retirando la frase: "...o impulsado por móviles honorables..."; y modificando el tiempo de la sanción en el siguiente sentido: "será sancionada(o) con reclusión de dos (2) a ocho (8) años” y en el segundo párrafo se ha retirado por completo el texto: "La sanción será de dos a ocho años para el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente, en dicho estado" vale decir emoción violenta, sustituyéndolo en última instancia por lo siguiente: "Este tipo penal no procederá en caso de feminicidio "; y se incluye al Código Penal por el art. 84 de la Ley 348 el delito de FEMINICIDIO tipificándolo de la siguiente manera: “Articulo. 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias”; puntualizando casos específicos en nueve numerales referidos únicamente a sancionar al ser humano de género masculino para ello, el legislador utiliza en sustantivo el término "EL AUTOR” evitando incluir el término "LA AUTORA”.

Por lo expuesto, sostiene que estas modificaciones introducidas, están dirigidas contra el género masculino, sólo por el hecho de serlo, pues en el caso de que una mujer sea imputada y acusada de matar a otro u otra, motivada o en estado de emoción violenta excusable, se le otorga el privilegio de argumentar en las fases iniciales del proceso ese antecedente, que incidirá en la pena a ser impuesta entre dos a ocho años, posibilidad proscrita para el ser humano varón, no obstante tenga las pruebas para demostrar haber actuado también sumido por ese estado de ánimo, hecho que en su concepto, remite al hombre a ser una especie de maquina prohibida de sentir emociones o por el contrario, tener el poder de controlarlas a discreción, quitándole el privilegio innato de toda persona, no exclusiva del género femenino, debiendo considerarse también los casos de parejas homosexuales, que tienen una inclinación de género; además, que el varón no es inmune para no alterar sus estímulos internos o externos y que no provoquen reacciones de tipo violento; acciones fuera de control, debido a que las emociones positivas o negativas son incontrolables para ambos géneros; sin considerar que la Ley Fundamental dispone que Bolivia, es un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, que prohíbe cualquier forma de discriminación; en teoría, con esta modificación no tendría que haber más delincuentes varones violentos, toda vez que, se cometen delitos por desesperación, por hambre, por odio, por venganza, por amor, etc.; vale decir, por sentimientos y como efecto directo, al extirpar esa esencia humana con el párrafo de un artículo de la ley, supuestamente no habrán más sentimientos violentos, por tanto no se cometerán delitos y los seres humanos varones, se transformarían en máquinas sin emociones violentas, únicamente programadas para el amor y los sentimientos positivos, ideal que se ha buscado por siglos endureciendo penas, creándose religiones y sectas, etc., pero que no han logrado el objetivo porque las emociones positivas y negativas son incontrolables; consecuentemente, la redacción del segundo párrafo del art. 254 del CP modificada por el art. 83 de la Ley 348 vinculada directamente al art. 84 del mismo cuerpo legal, mientras esté vigente, legaliza la discriminación hacia el hombre, sólo por el hecho de serlo, contradiciendo plenamente un avance logrado en siglos.

Por otra parte, sostiene que los preceptos impugnados contradicen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su art. 1 señala: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Entendiéndose el término conciencia según la Enciclopedia Universal Sopena, como: "Propiedad que tiene el alma de reconocerse como sujeto de sus actos, ideas y sentimientos", por tanto, el reconocer que el ser humano sin hacer diferencia en razón de sexo, está dotado de conciencia, es ratificar que tiene sentimientos intrínsecos a este, no siendo exclusivos del ser humano de género femenino, lo que consolida la teoría de que el art. 83 de la Ley 348 modificatoria del art. 254 del CP es discriminatoria, genera diferencias en razón de sexo, contradice a la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales; ya que si se va a elaborar un catálogo de acciones generadas por sentimientos prohibidos y sancionados, debe ser para el ser humano y no para uno de los sexos como plantean los artículos impugnados.

Finalmente, afirma que la propia norma ahora objetada, presenta contradicciones entre sus mismas disposiciones, unas respetando la primacía constitucional y otras vulnerándola; es el caso del art. 4 del referido Código, en el que se establecen los principios y valores, vale decir, los ejes transversales sobre los cuales debe girar toda la norma, mismos que no deben contradecir la Constitución Política del Estado y puntualiza: “1. Vivir Bien. Es la condición y desarrollo de una vida íntegra material, espiritual y física, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza; 2. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la diversidad como valor, eliminando toda forma de distinción o discriminación por diferencias de sexo, culturales, económicas físicas, sociales o de cualquier otra índole; y 9. Equidad de Género. Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres, en los que claramente y en base a los preceptos desarrollados supra, vulneran los principios y valores sobre los cuales se sustenta el Estado boliviano como el "Vivir Bien"; el cual no puede ser efectivo si se discrimina al ser humano sólo por ser del género masculino, mucho más evidente y crasa es la vulneración de los numerales 2 y 9, donde se prohíbe la discriminación buscando la igualdad y la equidad de género eliminando las brechas de la desigualdad. Se aclara que estos son principios que guían la norma; sin embargo, en los arts. 83 y 84, la contradicen plenamente irrespetando estos principios, pero en los artículos impugnados se reconoce, legaliza y se consolida fuero y privilegio en razón de sexo.

I.1.2. Resolución de la autoridad consultante

Por Resolución de 18 de junio de 2014, cursante de fs. 52 a 53, el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento de Chuquisaca, declaro “improbado el incidente de inconstitucionalidad concreta”; bajo el argumento de que no se hubiera observado la constitucionalidad o no del delito de feminicidio previsto en el art. 252 bis del CP; norma legal que en su criterio no es contraria a la Ley Fundamental, porque esta tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación, a las mujeres en situación de violencia, con el fin de garantizarles una vida digna, por lo que, las modificaciones introducidas a la normativa penal van acordes a las políticas del Estado.

I.2. Admisión y citación en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por AC 0267/2014-CA-BIS de 13 de agosto, cursante de fs. 60 a 65, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a lo establecido por el art. 83.II del Código Procesal Constitucional, revocó la Resolución de 18 de junio de 2014, y admitió la acción de inconstitucionalidad concreta, disponiendo sea puesta en conocimiento de Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia en su condición de Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como personero del órgano que generó la norma impugnada, a objeto de que pueda formular los alegatos que considere necesarios en el plazo de quince días.

I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada

Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional y Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante memorial de 11 de febrero de 2015, cursante de fs. 112 a 117, manifestó lo siguiente: a) La presente acción se basa en el argumento de que con la modificación realizada a los arts. 254 parágrafos II y 252 bis del CP, por los arts. 83 y 84 de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, se estaría afectando su derecho a la igualdad, a sentir en razón de ser hombre, y se lo estaría discriminando en razón de sexo; b) Para fines de análisis de la inconstitucionalidad de los artículos citados, es necesario estudiar aquellos que se estarían vulnerando. “Artículo 8. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien...”. Artículo. 9 “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Norma Suprema y la ley, I. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución...”Art. 13.I “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos". Art. 14. “II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”. Art. 109 “I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. II. Los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por la ley”. Art. 256. “I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicaran de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”; c) El accionante acude a los referidos artículos sin describir en cada uno de ellos, la manera en que las nuevas fórmulas legales los estarían vulnerando; de manera general, por lo tanto, se hará igual referencia a los mismos estableciendo que los derechos a los que hacen referencia no son limitados de ninguna manera por la redacción vigente de los artículos que han dado lugar la acción de inconstitucionalidad analizada; d) Respecto a la normativa internacional sobre derechos humanos a la que acude el accionante, se deberá entender que el principio de indivisibilidad de los derechos establece que éstos forman parte del mismo sistema, no siendo por tanto válido, interpretar de manera aislada cada uno de ellos; bajo esta perspectiva, no es posible reclamar una afectación al derecho a la no discriminación por sobre el derecho fundamental a la protección de la vida. En el caso que nos ocupa, la modificación en la tipificación del injusto penal, pretende garantizar la vida de un sector de la población expuesto a elevados niveles de violencia, desarrollando así el mandato constitucional expresado en el art. 15 de la CPE, que establece: “II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”; e) Finalmente, el desarrollo legislativo que ha modificado el Código Penal, responde plenamente al argumento antes dicho, que es el mismo que ha expresado el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0206/2014 de 5 de febrero, que resolvió una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta contra varios artículos del Código Penal atentatorios contra los derechos de las mujeres en diversos ámbitos, expresando lo siguiente: “...La Asamblea Legislativa Plurinacional, en virtud al principio de constitucionalidad o supremacía constitucional previsto en el artículo 410 de la CPE, debe ejercer su función legislativa en el marco de las normas constitucionales, donde tiene un rol fundamental la parte dogmática de la Constitución Política del Estado, pero también las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, fundamentalmente las contenidas en pactos internacionales sobre Derechos Humanos, considerando, en todo momento, los criterios de interpretación previstos en los artículo 13.IV y 256 de la Ley Fundamental; es decir, la interpretación favorable o pro homine de los derechos y la interpretación de los mismos conforme a los pactos internacionales sobre Derechos Humanos.

El legislador, entonces, no posee una discrecionalidad absoluta al momento de legislar y de definir qué conductas serán consideradas delictivas, sino que debe respetar el sustento axiológico y dogmático de la Constitución Política del Estado, en especial los derechos y garantías de las personas que se constituyen en el fundamento y límite del poder punitivo del Estado, y que se reflejan en los principios que limitan ese poder, respecto a la criminalización de las conductas que efectúa el Órgano Legislativo, a través de la correspondiente tipificación.

Uno de estos principios es el de intervención mínima, del que derivan otros como el de idoneidad, proporcionalidad, subsidiariedad; principios todos ellos que precautelan los derechos fundamentales de las personas y de las colectividades, limitando al mínimo el poder punitivo del Estado, bajo el entendido que el derecho penal es una de las ramas del derecho más violentas.

(…)

Ahora bien, de acuerdo al principio de intervención mínima, el derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos importantes...”; f) Entonces, siendo claro el mandato para el desarrollo legislativo del art. 15 de la CPE, para prevenir y sancionar la violencia de género y generacional, no existe vulneración alguna, al contrario, solamente cumplimiento de las disposiciones constitucionales por parte del legislador, buscando proteger un bien jurídico considerado importante, no solo por la Constitución Política del Estado, sino también por innumerables instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos que son parte de nuestra economía jurídica como los Tratados Internacionales y Convenciones que Bolivia ha suscrito en materia de derechos humanos, desarrollan plenamente lo relacionado con el derecho a la igualdad, haciendo énfasis en la aplicación, por parte de los Estados suscriptores, de medidas que eliminen la desigualdad de hecho y de derecho entre mujeres y hombres, entre estas, tienen un lugar fundamental aquellas dirigidas a prevenir y sancionar la violencia física, sexual y psicológica contra mujeres y niñas a partir de la modificación de la legislación penal; g) En este orden, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo una interpretación integral del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha señalado su competencia para conocer las acciones de los Estados en relación con la vulneración del art. 7 de la Convención Belém do Pará, para lo que señala: “...Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades...se comporten de conformidad con esta obligación; b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención...”, h) Asimismo, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará MESECVI, en su Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención (abril de 2012), recomienda a los Estados parte ‘Adoptar medidas para prevenir y sancionar el feminicidio’, tanto en el ámbito privado como público. Dar seguimiento a la aplicación de las mismas por las y los jueces y fiscales, y remover, cuando procede, los obstáculos judiciales que impidan a las y los familiares de las víctimas obtener justicia, o atenuar la pena para el agresor que alega “emoción violenta”; i) El Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer (creado en el artículo 17 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, ratificada por Bolivia por Ley 2113 de 20 de junio de 2000; para analizar los avances en la aplicación de la misma, habiendo el Estado boliviano presentado Informes periódicos (segundo, tercero y cuarto), emitió sus observaciones finales en fecha 15 de enero de 2008, sesiones 811a y 812a, CEDAW/C/BOL/Q/4, de la siguiente manera: “7. El Comité se muestra preocupado por la disparidad existente de jure y de fado en lo referente a la protección legal de la mujer y la igualdad entre géneros. Si bien el Comité acoge con satisfacción las reformas legislativas realizadas así como los proyectos de ley actualmente en curso para mejorar la situación de la mujer en Bolivia, el Comité muestra su preocupación sobre el hecho de que aún se mantengan preceptos discriminatorios, en especial en el derecho penal y civil del Estado Parte. 8. El Comité urge al Estado Parte a que tome las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad de género. El Comité insta al Estado Parte a que agilice los trámites de revisión de la compatibilidad de dichas leyes con la Convención, derogue sin demora todas las leyes que discriminan contra la mujer, en particular las disposiciones discriminatorias de su legislación penal y civil, y asegure la aplicación de las leyes contra la discriminación de las mujeres; j) Las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos, luego de presentado el Examen Periódico Universal Bolivia, EPU 15 de marzo de 2010, con relación a la creación del tipo penal de feminicidio recomiendan a nuestro Estado: “Todas las medidas necesarias para erradicar la violencia de género, incluida la tipificación del feminicidio como delito y su adecuada penalización”. En ese marco y en cumplimiento de las recomendaciones y lineamientos de tratados internacionales sobre derechos humanos, la legislación de los países de la región ha avanzado paulatinamente en la incorporación y diseño de medidas legislativas para frenar los altos índices de violencia física, psicológica y sexual hacia las mujeres y las niñas, tipificando el delito de feminicidio, también conocido como femicidio; en cuyo mérito, solicitó se declare constitucional el art. 254 del CP, modificado por el art. 83 de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, relacionado con el art. 84 del mismo cuerpo legal, que inserta el tipo penal de feminicidio en el art. 252 bis del CP.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por memorial presentado el 7 de febrero de 2014, ante el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento de Chuquisaca, Ramiro Vargas Zárate por la vía incidental, solicitó se promueva acción de inconstitucionalidad concreta; demandando la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 254 del CP, reformado por el art. 83 de la Ley 348 vinculado directamente con el art. 84 del mismo cuerpo legal, introductorio del tipo penal "Feminicidio” art. 252 Bis del CP y sus nueve numerales, por ser contradictorios con el art. 14.I y II de la CPE, concordante con los arts. 8.II; 9.1 y 4; 13; 109 y 256 del mismo cuerpo legal; asimismo, con los arts. 1, 2, y 7 de la DUDH; 1; 2.1; y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 24 del "Pacto de San José de Costa Rica”; 5 y 26 del PIDCP; 1.1 y 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas; a la vez, es contradictoria a lo preceptuado por el art. 5 de la Ley 045 de 8 de octubre de 2010, “Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación”; solicitando que el máximo órgano contralor, se pronuncie al respecto declarando su inconstitucionalidad y por consiguiente, expulsándolo del ordenamiento jurídico del país (fs. 1 a 13).

II.2. Mediante memorial presentado el 21 del mismo mes y año, Eduardo Durán Arciénega, querellante; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ramiro Vargas Zárate, por la presunta comisión del delito de feminicidio, formuló respuesta al incidente de inconstitucionalidad, señalando que el imputado nuevamente interpone uno irrisorio por los mismos motivos de un anterior incidente que fue retirado, y ahora simplemente subsanando las observaciones de hecho y de derecho que fueron planteadas en primera instancia por el Ministerio Público y su persona; en tal antecedente solicita su rechazo in limine, en sujeción al art. 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que dispone que no se puede plantear nuevamente un incidente por los mismos motivos (fs. 18 a 19).

II.3. Cursa memorial presentado el 24 de ese mes y año, por Carla Ortuño Ramírez, Fiscal de Materia, que respondió al incidente de inconstitucionalidad, promovido por Ramiro Vargas Zárate; solicitando se declarare la improcedencia del mismo, por no tener fundamentos suficientes para sustentarlo; por cuanto, el imputado pretende adecuar una conducta favorable a sus intereses, sin considerar que el principal derecho consagrado en la Constitución Política el Estado es el derecho a la vida; además, que brinda una protección específica a la mujer ante una conducta generada por una acción violenta (fs. 20 a 21).

II.4. Por Auto de 18 de Junio de 2014, el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal declaró improbado el incidente de inconstitucionalidad concreta; alegando que no se hubiera observado la constitucionalidad o no del delito de feminicidio previsto en el art. 252 bis del CP; norma legal que en su criterio no es contraria a la Ley Fundamental, porque esta tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación, a las mujeres en situación de violencia. En tal circunstancia, dispuso la remisión de los antecedentes pertinentes y necesarios en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 52 a 53).

II.5. Normas consideradas inconstitucionales (Código Penal)

“ARTÍCULO 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia;

2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de

pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad;

3. Por estar la víctima en situación de embarazo;

4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad, laboral o de compañerismo;

5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;

6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor;

7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual;

8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;

9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales”.

(Art. 252 bis incorporado por disposición del art. 84 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”)

“ARTÍCULO 254. (HOMICIDIO POR EMOCIÓN VIOLENTA). Quien matare a otra u otro en estado de emoción violenta excusable, será sancionada(o) con reclusión de dos (2) a ocho (8) años.

Este tipo penal no procederá en caso de feminicidio.

(Art. 254 Vigente por disposición del art. 83 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”)

ARTÍCULO 254.- (Homicidio por emoción violenta). El que matare a otro en estado de emoción violenta excusable o impulsado por móviles honorables, será sancionado con reclusión de uno (1) a seis (6) años.

II.6. Normas presuntamente infringidas de la Constitución Política del

Estado

“Artículo 8.

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que

establece la Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.

(…)

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

(…).

Artículo 13.

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados.

III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.

IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

Artículo 14.

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna.

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

(…).

Artículo 109.

I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección.

(…).

Artículo 256.

I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.

II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante demanda la inconstitucionalidad del art. 254 del CP reformado por el art. 83 de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, vinculada directamente con el art. 84 del mismo cuerpo legal, introductorio del tipo penal “FEMINICIDIO”, como art. 252 bis del CP, sosteniendo que las modificaciones introducidas están dirigidas contra el género masculino; por cuanto, en caso de que una mujer sea imputada y acusada de matar a otra, motivada por un estado de emoción violenta, se le otorgaría el privilegio de argumentar en la fase inicial del proceso este antecedente, que incidiría directamente en la pena a ser impuesta; posibilidad proscrita para el varón; por lo que en su concepto existiría una discriminación fundada en razones de sexo, contraria a los arts. 8.II; 9.1 y 4; 13; 14.I y II; 109 y 256 de la CPE; 1, 2 y 7 de la DUDH; 1; 2.1; y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 y 26 del PIDCP; 1.1 y 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas.

En consecuencia corresponde establecer si los extremos denunciados son evidentes; a efecto de ejercer el control normativo de constitucionalidad.

III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de inconstitucionalidad concreta

Los arts. 132 y 133 de la CPE, establecen que toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Norma Suprema tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad concreta, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos.

En este marco el art. 73 del Código Procesal Constitucional (CPCo), reconoce dos clases de acciones de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales; y la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, que se viabiliza en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales.

De la interpretación del art. 79 y ss del CPCo; se infiere claramente que la acción de inconstitucionalidad concreta tiene la finalidad de someter al control de constitucionalidad una disposición legal, sobre cuya constitucionalidad surge una duda razonable y fundada, en aquellos casos concretos en los que debe ser aplicada para resolver en el fondo un proceso judicial o administrativo. Otra característica relevante de esta vía de control, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad abstracta, es que la misma es susceptible de ser promovida por todos los jueces y Tribunales que integran el Órgano Judicial, siendo extensible además a las autoridades administrativas que conozcan procesos administrativos, para que puedan plantear la acción cuando tengan una duda fundada y razonable sobre la constitucionalidad de una disposición legal y de una de sus normas, cuya validez o no sea fundamental para la decisión que vaya a tomarse dentro del proceso; aclarando que las citadas autoridades pueden activar esta vía de control normativo directamente o a petición de una de las partes contendientes.

En este mismo sentido y efectuando una reseña de la jurisprudencia desarrollada por el extinto Tribunal Constitucional, la SCP 0686/2012 de 2 de agosto, señaló lo siguiente: “ Respecto a los alcances del control de constitucionalidad, el anterior Tribunal Constitucional en la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado por la SC 0051/2005 de 18 de agosto, precisó: ‘…el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) La verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) La interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) El desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y, d) La determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas…’.

‘En ese entendido, el control de constitucionalidad de las normas jurídicas de alcance general, a través de un proceso judicial o administrativo, faculta a la parte legitimada a promover un incidente dentro del proceso respectivo, cuando dichas normas tengan vinculación directa con la resolución de su caso; es así que, el Tribunal Constitucional, sólo se pronunciará sobre las normas impugnadas compatibilizándolas con los valores, principios, derechos y normas reconocidos en la Constitución Política del Estado, para determinar su correspondencia…’ (SC 0011/2010 de 20 de septiembre).

De acuerdo a la jurisprudencia señalada, la acción de inconstitucionalidad concreta, es la vía de control de constitucionalidad que tiene como objeto, que el Tribunal Constitucional Plurinacional, confronte la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición legal impugnada de inconstitucional con los principios, valores y normas de la Constitución Política del Estado Plurinacional; en ese marco, la labor del Tribunal sólo se circunscribe al examen de las disposiciones alegadas de lesivas a las normas y preceptos de la Norma Suprema, con el fin de establecer su constitucionalidad o inconstitucionalidad, y de ninguna manera realizar análisis alguno respecto al caso en concreto”.

De lo expuesto se concluye, que para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1) Debe existir una duda razonable sobre la constitucionalidad de la norma a aplicarse para resolver un caso concreto, sea dentro de un proceso administrativo o judicial y que los argumentos de esta duda tengan trascendencia constitucional, la que debe estar correctamente formulada y fundamentada, para que la jurisdicción constitucional analice detalladamente si la norma impugnada efectivamente es o no constitucional y; 2) El segundo requisito tiene que ver con la necesaria vinculación entre la validez constitucional de la norma y la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa para resolver el caso concreto.

III.2. Sobre la falta de fundamentación entre la norma impugnada de inconstitucionalidad y los preceptos constitucionales que se creen conculcados

Sobre el tema, la SCP 0969/2013 de 27 de junio, precisó lo siguiente: ”Se debe señalar que al interponerse una acción de inconstitucionalidad, cuyo objeto es que se declare una norma específica inconstitucional por ser supuestamente contraria a la Constitución Política del Estado y así, la misma sea expulsada del ordenamiento jurídico vigente, no sólo basta con señalar cuál es la norma constitucional o normas constitucionales que supuestamente son vulneradas por la norma demandada de inconstitucional, ya que dicho aspecto por sí mismo, no es causal para que este Tribunal, pueda ingresar a realizar la contrastación correspondiente, debiendo cumplirse en todo caso los requisitos exigidos, toda vez que se debe fundamentar la misma, justificando la importancia de la decisión que se vaya a tomar en el caso concreto, éste entre otros aspectos fueron recogidos en la jurisprudencia constitucional, como por ejemplo, en el AC 0193/2012-CA de 6 de marzo, que señaló: '...supondrá que no existe ninguna norma objetada que implique la vulneración de un derecho fundamental; asimismo, si no se especifica el precepto constitucional supuestamente infringido, como exige el inc. 2) del mismo artículo, no podrá establecerse si existe o no contradicción entre la norma impugnada y el texto constitucional, determinando ambas imprecisiones la falta de base legal del recurso. Por último, la ausencia de fundamentación, que es un elemento exigido por el inc. 3) de la norma citada, impedirá conocer los motivos por los que se considera inconstitucional la norma impugnada y la, importancia de la misma en la resolución de la causa que origina el recurso'; entendimiento que fue complementado con la SC 0045/2004 de 4 de mayo, al establecer que: '…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas (…) también es imprescindible que se exprese y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada'; vale decir que, la inobservancia de estos requisitos, hace inviable el ejercicio de un verdadero control de constitucionalidad y determina el rechazo del recurso’”.

Razonamiento ratificado por la SCP 0047/2015 de 26 de marzo, que a tiempo de precisar la importancia de este presupuesto señaló lo siguiente: “El art. 24.I.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo) dispone que las acciones de inconstitucionalidad deberán contener: ‘…la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado’; tal antecedente legal que es plenamente compatible con el texto de la Constitución Política del Estado, nos permite advertir que para considerar las acciones de inconstitucionalidad se debe establecer una clara y suficiente fundamentación, precisamente sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, es decir, que tales fundamentos deben cumplir con determinados requisitos, como el determinar el por qué la norma impugnada vulnera principios, valores o derechos fundamentales establecidos en la Ley Fundamental y la vinculación directa entre la norma impugnada y el precepto constitucional presuntamente vulnerado, cuya carga argumentativa debe ser lo suficientemente racional, suficiente y sólida para que genere convicción al Tribunal Constitucional Plurinacional de que tales normas deben ser sometidas a un test de compatibilidad con el texto de la Norma Suprema, el no lograr tal objeto, inviabiliza la posibilidad de que la jurisdicción constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado’.

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0538/2013 de 8 de mayo, al respecto establece que: ‘Se debe señalar que al interponerse una acción de inconstitucionalidad, cuyo objeto es que se declare una norma específica inconstitucional por supuestamente contraponerse a la Constitución Política del Estado y así la misma sea expulsada del ordenamiento jurídico vigente, no sólo basta con precisar cuál es la norma constitucional o normas constitucionales que supuestamente son vulneradas por la norma demandada de inconstitucional, ya que dicho aspecto por sí mismo, no es causal para que este Tribunal Constitucional Plurinacional, pueda ingresar a realizar la contrastación correspondiente, debiendo cumplirse en todo caso los requisitos exigidos, toda vez que se debe fundamentar la misma, por lo que al respecto de la fundamentación, la jurisprudencia constitucional, a través del AC 0193/2012-CA de 6 de marzo estableció: « (...). Por último, la ausencia de fundamentación, que es un elemento exigido por el inc. 3) de la norma citada, impedirá conocer los motivos por los que se considera inconstitucional la norma impugnada y la importancia de la misma en la resolución de la causa que origina el recurso»; entendimiento que fue complementado con la SC 0045/2004 de 4 de mayo, al establecer que: «La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas…»'”.

De la jurisprudencia antes descrita; se concluye que la expresión de fundamentos jurídico constitucionales, al momento de promover una acción de inconstitucionalidad concreta constituye un requisito esencial para que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese al análisis de fondo y efectué el control de constitucionalidad; fundamentos jurídico constitucionales que consisten en una operación argumentativa basada en razonamientos constitucionales que sean suficientes para establecer una duda razonable sobre la adecuación de la norma demandada a los valores, principios y normas de la Norma Suprema y haga justificable un examen de los mismos, a efecto de verificar si la norma impugnada esta en correspondencia o no con la Constitución Política del Estado.

III.3. Análisis del caso concreto

Ingresando al análisis del caso del contenido del memorial de 7 de febrero de 2014, cursante de fs. 1 a 13, mediante el que se promovió la presente acción de inconstitucionalidad concreta, se establece que la problemática radica en el hecho de que la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, en su art. 83 modificó el art. 254 del CP respecto al delito de homicidio por emoción violenta, introduciendo un segundo parágrafo, el cual dispone que este tipo penal no procederá en caso de feminicidio, delito que el art. 84 de la citada Ley, incorporó como art. 252 bis del CP; modificaciones que en concepto del accionante son discriminatorias y por tanto inconstitucionales, al estar dirigidas específicamente contra el género masculino.

Sin embargo; del análisis de los argumentos consignados como respaldo de la acción, se advierte que no contienen fundamentos jurídico constitucionales claros y precisos que configuren una duda razonable respecto de la constitucionalidad de las normas demandadas; por cuanto, el accionante se limitó a exponer apreciaciones genéricas a partir de su situación particular, al haber sido imputado por la presunta comisión del delito de feminicidio, con relación a la normativa constitucional que en su concepto debe ser aplicada con prevalencia para invocar una causa para atenuar la pena en el delito de homicidio, como es el estado de emoción violenta, haciendo alusión a la garantía constitucional de no discriminación fundada en razón de sexo, estipulado por el art. 14.II de la CPE, afirmación que de ninguna manera configura una cuestión de constitucionalidad, pues, se trata simplemente de una apreciación a partir de su situación particular, pretendiendo la aplicación de esta garantía constitucional en prevalencia de la normativa legal específica contenida en el art. 83 de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, modificatorio del art. 254 del CP, el cual determina taxativamente que: “Este tipo penal no procederá en caso de feminicidio”.

Asimismo; corresponde también manifestar que además de lo referido, el accionante se limita a señalar normas de la Constitución Política del Estado sobre derechos y principios que estima vulnerados, así como instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; empero, sin efectuar ejercicio argumentativo alguno, respecto a la forma en que las modificaciones introducidas al Código Penal por el art. 83 de la Ley 348 con relación al tipo penal de feminicidio, lesionan tales derechos y artículos, omisión que imposibilita encontrar relevancia constitucional alguna para ingresar al análisis de fondo conforme a los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, concluyendo que la expresión de fundamentos jurídico constitucionales, al momento de promover una acción de inconstitucionalidad concreta, constituye un requisito esencial para que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese al análisis de fondo y efectué el control o test de constitucionalidad; fundamentos jurídico constitucionales que consisten en una operación argumentativa basada en razonamientos constitucionales que sean suficientes para establecer una duda razonable sobre la adecuación de la norma demandada, a los valores principios y normas de la Ley Fundamental y haga justificable un examen de los mismos, a efecto de verificar si la norma impugnada se encuentra en correspondencia o no con la Norma Suprema.

Lo que permite concluir, que la pretensión del accionante es simplemente encontrar coherencia en la aplicación de la normativa cuya inconstitucionalidad acusa acomodándola a su situación particular, al considerar discriminatoria la medida adoptada por el legislador al determinar que el tipo penal de homicidio por emoción violenta no procederá en caso de feminicidio, extremo que de ninguna manera, por sí solo demuestra la duda razonable sobre su constitucionalidad, por cuanto si bien, señala de manera somera que vulnera el art. 14.II de la CPE; sin embargo, no expresa ni desarrolla los fundamentos por los que considera que dichos preceptos lesionan los mismos, limitándose a la transcripción de Sentencias Constitucionales y resoluciones de la Corte Constitucional de Colombia que definieron y precisaron los alcances de los principios de igualdad y no discriminación, pero de igual forma, omite el argumento para definir si los supuestos fácticos de la jurisprudencia señalada, son los mismos o al menos similares a los analizados en el caso presente, menos justifica el por qué tal precedente debería ser aplicable al caso en análisis, omisiones que en definitiva imposibilitan que este Tribunal, realice el examen de constitucionalidad pretendido, por absoluta ausencia de fundamentos jurídico constitucionales, exigidos por el art. 27.II inc. c) del CPCo.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 202.1 de la Constitución Política del Estado, resuelve declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de inconstitucionalidad concreta promovida por Ramiro Vargas Zárate.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

No interviene el Presidente, Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales por ser de voto disidente.

CORRESPONDE A LA SCP 0062/2015 (viene de la pág. 18).

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortéz Chávez

MAGISTRADO

Fdo. Tata Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey

MAGISTRADO