SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0675/2015-S2

Sucre, 10 de julio de 2015

SALA SEGUNDA

Magistrado Relator: Juan Oswaldo Valencia Alvarado

Acción de amparo constitucional

Expediente: 09702-2015-20-AAC

Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 19 de diciembre de 2014, cursante de fs. 141 a 146 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Marcelo García Cuenca contra Luis Alfonso Vía Reque, Rector de la Universidad Católica Boliviana (UCB) “San Pablo”, Unidad Académica Regional Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2014, cursante de fs. 45 a 50 vta., el accionante expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por memorándum de designación 007/2006 de 28 de abril comenzó a trabajar en la UCB San Pablo, Regional Cochabamba, interinamente como Director Administrativo y Financiero a partir del 2 de mayo de 2006 hasta el 23 de abril de 2007, fecha en la que fue ratificado en el cargo, por Resolución de la junta directiva 006/07 de 23 de febrero de 2007, precisando que este nuevo nombramiento sería hasta el 1 de mayo de 2010. Al haber cumplido sus labores a tiempo completo y de modo eficiente la Universidad mediante carta 198/2010 de 13 de mayo, resolvió ratificarle en el cargo hasta el 1 de mayo de 2014. Empero, el 12 de marzo de 2014, se vio sorprendido con la Resolución 158/14, firmada por el Rector Regional, Luis Alfonso Villa Reque, informándole que debía dejar sus funciones el 30 de abril de 2014, prescindiéndose de sus servicios y no se le permitió acceder a su fuente de trabajo desconociendo que ya tenía una relación laboral estable a tiempo indefinido; pues ya contaba con tres designaciones a plazo fijo y realizaba tareas propias y permanentes de la institución; que se encuentran en el Estatuto Orgánico de la Universidad.

Señala, que acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo a objeto de que se disponga su reincorporación a su fuente de trabajo, emitiéndose en su favor, la resolución de reincorporación MTEPS/JDTCBBA 043/2014 de 21 de julio, que no fue cumplida por la autoridad demandada, quien promovió un recurso de revocatoria emitiendo la indicada institución la Resolución del 4 de septiembre de 2014, confirmando la orden de reincorporación inmediata, la misma que tampoco ha sido cumplida; presentando el recurso jerárquico, el que si bien aún no ha sido resuelto, siguiendo la línea del Tribunal Constitucional Plurinacional, es posible activar directamente la vía constitucional a través de la acción de amparo sin que sea aplicable el principio de subsidiaridad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante considera lesionado su derecho al trabajo y a una fuente laboral estable, citando al efecto los arts. 46.I.1 y 2, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo el cumplimiento de la Resolución MTEPS/JDTCBBA 043/2014 de 21 de julio, emitido por la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba y su inmediata reincorporación, “…en el mismo puesto que venía ocupando, más el pago de salarios devengados y demás beneficios sociales, sea en el plazo de 24 horas…” (sic) y se ordena el pago de costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2014, según consta en el acta cursante de fs. 139 a 140 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

En merito a testimonio de poder 203/2014, presentado en audiencia, Henry Álvaro Pinto Dávalos en representación legal del accionante, ratificó en los fundamentos y petitorio de la acción de amparo constitucional planteado, agregando lo siguiente: a) No obstante, haber ejercido las funciones de Director Administrativo y Financiero de la UCB San Pablo, por más de ocho años sin interrupción, pese a los reconocimientos recibidos de parte de la Universidad, se lo despide intempestivamente, sin causa alguna o previo proceso que determine el mismo estando a un año y medio de jubilarse. A través de la Jefatura Departamental del Trabajo se dispuso su reincorporación, que a la fecha no se ha dado cumplimiento; y, b) La Ley General del Trabajo, establece que sólo se aceptan dos contratos a plazo fijo y el tercero viene a ser a tiempo indefinido, lo que es aplicado por la mencionada Jefatura, instancia que verificó que el accionante cumplió dos gestiones a plazo fijo consecutivas y la tercera era considerada a plazo indefinido, generando derechos a su favor, correspondiendo únicamente en este caso el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Alberto Burgoa Patzy, abogado del demandado, presente en audiencia, manifestó lo siguiente: 1) Que a la fecha se encuentra pendiente el recurso jerárquico planteado en el Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social, debiendo agotarse estas instancias por el principio de subsidiariedad que rige para las acciones de amparo constitucional, caso contrario se estaría vulnerando el debido proceso; 2) Por otro lado y sobre el despido injustificado, aclaró que el accionante no ha sido despedido sino que se ha dado por concluida su función conforme el Estatuto de la Universidad del 2005 y las modificaciones del 2011, que determinaba un periodo de funciones de cuatro años, pudiendo ser reelegido por igual periodo, por lo que no se puede hablar de una estabilidad laboral, ya que al momento de recibir el nombramiento ello, se asimilaba a una relación contractual entre partes que definía el inicio y el fin del contrato, relación laboral que fue admitida y consentida por el accionante a tiempo de aceptar el cargo, quien conocía la normativa interna de la universidad, por lo que no puede pedir la garantía de estabilidad laboral, porque no se trata de una persona con designación indefinida; y, 3) Agrega que el accionante, debió interponer la presente demanda cuando consideró que lo habían despedido y no acudir a la Jefatura Departamental de Trabajo, como lo hizo, por lo que tomando en cuenta, desde el supuesto despido injustificado ya han pasado más de seis meses, siendo inviable la presente demanda constitucional. Además la relación laboral con el accionante no se ha basado en contratos a plazo fijo sino de prestación de servicios, bajo nombramiento expreso, decisión que fue admitida y consentida, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

Los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, emitieron la Resolución de 19 de diciembre de 2014, cursante de fs. 141 a 146 vta., concediendo la tutela impetrada, ordenando al Rector de la UCB San Pablo, regional Cochabamba, Luis Alfonso Villa Reque, dar cumplimiento a la resolución de conminatoria MTEPS/JDTCBBA 043/2014 de 21 de julio, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo, procediendo a la reincorporación inmediata de la accionante al mismo puesto que venía ocupando, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le corresponden a partir de la cesación en su cargo. Determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: i) En cuanto al principio de subsidiariedad, en lo relativo al derecho de los trabajadores, éste contempla una excepción, que en el caso de la pretensión deducida está referida al cumplimiento de una resolución de reincorporación a la fuente laboral del accionante, emanada de la autoridad administrativa laboral, por expresa disposición de una norma legal, como es el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, modificatorio del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, que ha establecido una vía administrativa inmediata y eficaz de protección al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de los trabajadores, que luego de utilizada esta y ante el eventual incumplimiento de la orden de reincorporación autoriza acudir a la vía del amparo constitucional para hacer efectiva la orden incumplida; ii) En el presente caso, no puede tomarse como punto de partida del cómputo de los seis meses la fecha de ruptura de la relación laboral (30 de abril de 2014), sino a partir de la dictación y notificación con la Resolución de Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 043/2014 de 21 de julio y más propiamente desde que el accionante conoció de la decisión del demandado de no acatar la orden de restitución; es decir, la fecha de interposición del recurso de revocatoria planteado por el Rector de la UCB (8 de agosto de 2014, sello de recepción que aparece en el memorial), pues de su contenido se evidencia que la Universidad fue notificada con su contenido por lo que impugnó tal decisión, en una muestra clara de incumpliendo de la orden de reincorporación. Tomando en cuenta que la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 25 de noviembre de 2014, se tiene que la misma fue presentada adentro del plazo previsto por el art. 129.II de la Norma Suprema y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); iii) Que los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral se encuentran contemplados y protegidos por la CPE y la Ley General del Trabajo, en ese sentido el DS 0495 de que modifica el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, refiere que “…la conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación (…) la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; y, iv) Independientemente de lo alegado por el demandado, la problemática planteada se centra en el cumplimiento de la orden de reincorporación bajo conminatoria, la que debe ser indefectiblemente cumplida por imperativo legal, por lo que dentro del marco normativo y la jurisprudencia constitucional existente al respecto, ante la negativa al cumplimiento de la “…resolución por parte de la autoridad universitaria accionada…”, que restringe y suprime los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral del accionante, corresponde “otorgar” la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la minuciosa revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 043/2014 de 21 de julio, la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, conminó a la UCB San Pablo a reincorporar inmediatamente al trabajador Juan Marcelo García Cuenca, al mismo puesto que ocupaba a momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan (fs. 21 y vta.).

II.2. Por memorial presentado el 8 de agosto de 2014, el demandado interpuso recurso de revocatoria impugnando la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 043/2014 y el memorial de contestación de Juan Marcelo García Cuenca, presentado el 29 de agosto de 2014 (fs. 22 a 27 vta.).

II.3. A través de Auto de 4 de septiembre de 2014, la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, confirmó en todas sus partes la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 043/2014 de 21 de julio, argumentando que el trabajador fue despedido intempestivamente por el empleador, y en aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento (fs. 28 y vta.).

II.4. Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2014, el demandado interpuso recurso jerárquico contra el Auto de 4 de septiembre de 2014 (fs. 129 a 132 vta.).

II.5. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por (Resolución Ministerial (RM) 067/15 de 4 de febrero de 2015, resuelve revocar el Auto de 4 de septiembre de 2014 y la conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 043/2014 de 21 de julio, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba y declinar competencia a la instancia jurisdiccional ante la identificación de hechos controvertidos (fs. 151 a 158).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera vulnerados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; alegando que la autoridad demandada, lo despidió injustificadamente de su fuente laboral, sin considerar que su persona ya venía desempeñando el cargo de Director Administrativo y Financiero por más de dos periodos consecutivos en la UCB San Pablo Regional Cochabamba, hecho que denunció ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, que emitió la conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 043/2014 de 21 de julio; posteriormente, ante el recurso de revocatoria de la Universidad demandada la misma institución emitió el Auto de 4 de septiembre de 2014, confirmando la indicada conminatoria, la que se encontraba con recurso jerárquico en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sin que dicha conminatoria hubiera sido cumplida por autoridad demandada, hasta el momento de interponer la presente acción tutelar.

En consecuencia en revisión corresponde determinar si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el incumplimiento a la conminatoria de reincorporación de los trabajadores en la normativa laboral

El DS 28699, en su art. 10.I, prevé que: “Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de beneficios sociales o por su reincorporación”; señalando el mismo artículo en su parágrafo III, modificado por el DS 0495: “En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo”.

Al respecto la SCP 0060/2015-S1 de 10 de febrero, señala: “Ahora bien, en cuanto a la obligatoriedad de los empleadores de acatar las resoluciones que ordenen la reincorporación de las y los trabajadores que hubiesen sido despedidos sin causa justificada y haciendo énfasis sobre la posibilidad de acudirse a la vía constitucional en caso de incumplimiento, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, determinó que: '…se puede establecer que con la resolución de reincorporación por parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el trabajador ante la justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía constitucional, toda vez que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, no se necesita agotar también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía administrativa y la ordinaria son dos vías diferentes'; toda vez que '…si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495'”.

Por su parte la SCP 0085/2014-S1 de 24 de noviembre, citando a la SCP 1712/2013 de 10 de octubre señaló que: “'…la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso'”.

De la jurisprudencia citada, se colige, que ante la existencia de una conminatoria de reincorporación en favor del trabajador, emanada de instancias administrativas dentro del proceso administrativo laboral sustanciado al efecto, y cuyo cumplimiento no se opera voluntariamente por el empleador, el trabajador puede acudir a la vía constitucional a través de la acción de amparo constitucional, para lograr dicho cumplimiento; empero, debe tenerse presente que no por ello el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha de convertir en mero ejecutor de este tipo de conminatorias, sino por el contrario, estas acciones serán examinadas en el marco del debido proceso, tomando en cuenta el estado del proceso administrativo y/o laboral; toda vez que si bien en determinado momento; es decir, en una primera instancia y aún en revocatoria, la conminatoria de reincorporación se encuentre firme, no es menos cierta que esta pueda ser modificada o variar, en recurso jerárquico, de ahí también el carácter provisional de este tipo de decisiones, entendimiento recogido por la SCP 0060/2015-S1 cuando señala: “…No obstante, corresponde resaltar que, la tutela que será concedida, posee el carácter extraordinario y provisional, por cuanto, conforme se expuso a través de la jurisprudencia constitucional (…) la vía impugnatoria a favor del demandado, se encuentra abierta y por ende será tal jurisdicción la que en derecho resuelva lo que corresponda...” (las negrillas son nuestras).

III.2.El debido proceso en el orden constitucional

De la basta y amplia jurisprudencia generada sobre el debido proceso, es pertinente, en el presente caso referir, entre otras a la SC 1480/2011-R de 10 de octubre, señaló lo siguiente: “La importancia del debido proceso, a decir de la SC 0281/2010-R de 7 de junio '…está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes'.

En ese sentido la citada Sentencia precisó que el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente; y que, además ha sido reiterada recientemente en la jurisprudencia de la presente gestión, específicamente en la SC 0014/2010-R de 12 de abril, establece lo siguiente: '…la Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, lo que implica que la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, como un principio procesal y como una garantía de la administración de justicia'…” (las negrillas nos pertenecen).

De la jurisprudencia y doctrina citadas, se infiere que la observancia del debido proceso se constituye en una garantía para todo ciudadano que se encuentre sometido a un proceso en el ámbito judicial o administrativo, que se traduce en el hecho de que el tribunal o autoridad administrativa preserve esta garantía de manera obligatoria e insoslayable en las diferentes etapas de un proceso, sometiéndose a disposiciones de naturaleza adjetiva aplicables al caso concreto; derecho instituido por el art. 115.II de la CPE que establece imperativamente que: “El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

III.3. Análisis del caso concreto

En el presente caso, la problemática planteada radica en el incumplimiento de la autoridad demandada, pues no obstante la existencia de la conminatoria MTEPS/JDTCBBA/043/2014, emitido por la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, por la que la UCB “San Pablo” Regional Cochabamba, debía reincorporar en el cargo de Director Administrativo y Financiero, a Juan Marcelo García Cuenca, incumplió dicha conminatoria, pese a que esta fue confirmada por Auto de 4 de septiembre de 2014, ante el recurso de revocatoria formulado por la entidad denunciada, que finalmente interpuso el recurso jerárquico, por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que se encontraba pendiente de resolución, al momento de la interposición de la presente acción tutelar, misma que fue resuelta mediante RM 067/15 4 de febrero de 2015, revocando el Auto de 4 de septiembre de 2014 y la conminatoria referidos, declinando competencia a la instancia jurisdiccional por existir hechos controvertidos, quedando así agotada la vía administrativa.

Ahora bien, del examen de los antecedentes del caso, se advierte que existió incumplimiento y desobediencia por parte de la autoridad demandada frente a la conminatoria MTEPS/JDTCBBA/043/2014; la que no fue cumplida desde un inicio y ni si quiera cuando dicha conminatoria fuera confirmada, por lo que fue incoada la acción de tutela que se examina, únicamente con el propósito de lograr dicho cumplimiento, que en ese momento fue tutelado por disposición del Tribunal de garantías, conforme lo ha establecido la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo. Sin embargo, cabe precisar, en el caso, que esa determinación, tenía un carácter extraordinario provisional, pues como se expresó, existía un proceso administrativo en curso, no habiéndose agotado consecuentemente la vía administrativa activada en su oportunidad por el accionante.

En ese entendido, y tomando en cuenta que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por RM 067/15 de 4 de febrero de 2015, resuelve revocar el Auto de 4 de septiembre de 2014 y la conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 043/2014 de 21 de julio, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba y declinar competencia a la instancia jurisdiccional, ante la identificación de hechos controvertidos, en el marco constitucional y legal en el que debe desarrollarse el debido proceso, como principio constitucional, garantía procesal y derecho fundamental, corresponde en esta instancia de revisión, reencausar el presente proceso constitucional, en el que inicialmente el Tribunal de garantías concedió tutela al accionante, ello en mérito a la Resolución Ministerial supra que revocó la conminatoria por existir hechos controvertidos que deberán dilucidarse en la vía jurisdiccional especializada en materia laboral (Fundamento Jurídico III.2).

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, efectuó un adecuado análisis de los antecedentes que informan la presente acción tutelar; empero, por lo resuelto posteriormente en sede administrativa, mediante RM 067/15, esta determinación debe ser revertida.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 19 de diciembre de 2014, cursante de fs. 141 a 146 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA