SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0751/2015-S1
Fecha: 28-Jul-2015
III.4. Marco normativo que rige la prestación de invalidez por riesgo común
La Ley de Pensiones vigente, tiene por objeto establecer la administración del Sistema Integral de Pensiones, las prestaciones y los beneficios que otorga; la cual se halla reglamentada por el DS 822 de 16 de marzo de 2011, mismo que en su art. 2.a erige que a efectos de su aplicación se consideraran solo las peticiones a partir de su vigencia, señalando que: "Para el acceso a las Prestaciones por Invalidez por Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral, (…), se tomarán en cuenta las solicitudes presentadas a partir de la fecha de publicación de la Ley N° 065"; de lo que se colige que todos los requerimientos de pensión de invalidez presentadas con anterioridad al 10 de diciembre de 2010, deben tramitarse aplicando la Ley de Pensiones de 1996, ahora abrogada.
En ese contexto, la Ley de Pensiones de 1996, manifestaba que la prestación de invalidez por riesgo común es aquella pensión que se pagaba al afiliado para el caso de sufrir éste incapacidad total y definitiva para efectuar un trabajo razonablemente remunerado, que provenga de un estado crónico debido a enfermedad, lesión o pérdida de un miembro o de una determinada función; señalando el art. 8 incs. a), b) y c) de la LP.1996, los presupuestos a cumplirse a objeto de otorgar la renta de invalidez por riesgo común; así refiere que de manera conjunta deberán cumplirse los siguientes requisitos: "Ser menor de sesenta y cinco (65) años de edad; Haber efectuado al menos sesenta (60) cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo o al Sistema de Reparto; La invalidez se produzca mientras sus primas son pagadas o dentro de un plazo de doce (12) meses, computado desde que el Afiliado dejó de pagar cotizaciones".
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- concedió en parte
- II.2.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios.
- III.2. Excepción al principio de inmediatez en las acciones de amparo constitucional
- con mayor razón si se trata de la transgresión de derechos de orden laboral por las implicancias que dicha circunstancia tiene, a cuyo efecto se debe considerar el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado que determina que: 'Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles'.
- resulta pertinente efectuar una contrastación entre las normas que consagran el principio de inmediatez de esta acción de defensa y la disposición constitucional que prescribe que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social; vale decir, los derechos sociales inherentes a las personas titulares de los mismos, son inembargables e imprescriptibles
- en tal virtud, aplicando el principio de favorabilidad y las circunstancias del caso en el que la recurrente
- Es por ello que en varios casos se ha prescindido inclusive de la observancia de los principios de subsidiariedad e inmediatez que caracterizan el amparo, para garantizar el ejercicio pleno de este derecho
- Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos.
- El derecho a la vida constituye el soporte físico de todos los demás derechos fundamentales y, por su obvia conexión con la idea de dignidad de la persona, es incuestionable que su titularidad corresponde a todos los seres humanos cualquiera que sea su nacionalidad.
- III.3.2. Derecho a la salud
- El derecho a la salud es aquel derecho por virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones
- En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la salud es un derecho fundamental, que debe ser resguardado con mayor razón cuando se encuentra en conexidad con el primigenio derecho a la vida o a la dignidad humana,
- Fragmento 22
- invalidez,
- la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de su vida y salud física y mental; su seguridad económica, vivienda, descanso y la protección de su núcleo familiar; cobertura
- III.4. Marco normativo que rige la prestación de invalidez por riesgo común
- III.5. En cuanto al incumplimiento o mora en la transferencia de aportes por el empleador a la AFP
- no es permisible pretender que el trámite de recuperación de fondos llegue a su culminación para poder recién otorgar la pensión por invalidez al representado del accionante
- frente a la eventualidad de incumplimiento por parte del empleador de cancelar los aportes o no efectivizar oportunamente su transferencia a las AFP's, no obstante que hubieren sido deducidos de los salarios del trabajador, las consecuencias jurídicas de esta renuencia no pueden incidir sobre los derechos fundamentales de los beneficiarios de la seguridad social
- III.6. Sobre la tutela de la seguridad jurídica
- En consecuencia, y volviendo a la realidad jurídica nacional actual, se debe tener claramente establecido que 'la seguridad jurídica' al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes
- Fragmento 31
- III.7. Análisis del caso concreto
- 2º