SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0829/2015-S2

         La consolidada jurisprudencia constitucional, estableció a través de diferentes fallos que la valoración del acervo probatorio constituía una facultad privativa de la justicia ordinaria y que por ende la jurisdicción constitucional no podía interferir en la función propia de los órganos jurisdiccionales ordinarios; así, mediante la SC 1237/2004-R de 3 de agosto, señaló que: “...el amparo constitucional (...) no es un recurso ordinario que forma parte de los procesos judiciales o administrativos previstos por la legislación ordinaria; por lo mismo, el amparo constitucional no puede ser utilizado por las partes que intervienen en un proceso judicial como una vía para exigir que la jurisdicción constitucional revise si la decisión adoptada por la autoridad judicial tiene signos de incoherencia en su estructura de los fundamentos jurídicos, si la interpretación de las normas aplicables al caso concreto es correcta o si la prueba fue debidamente valorada o no; pues cabe aclarar que la jurisdicción constitucional, sólo revisará una decisión judicial cuando existan evidencias materiales de que se vulneraron los derechos fundamentales o garantías constitucionales”; estableciendo así que, si bien la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de realizar la valoración de pruebas dentro de un proceso, tiene la obligación de verificar si en la tarea valorativa de los elementos probatorios existió ausencia de razonabilidad y equidad, o bien, una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material; pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.