DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0184/2015

El parágrafo I, fue declarado incompatible ya que el mismo vulneraba el art. 410.II de la CPE, en virtud de que se entremezclaba y subordinaba normas de diversa naturaleza y órgano emisor, sin considerar las especificidades propias de la conflictividad entre normas de diferentes ETA. En la adecuación, se tiene que el estatuyente ha mantenido incólume y sin modificación alguna el citado parágrafo.

Sobre el punto, es preciso citar a la DCP 0001/2013 de 12 de marzo, que señaló: “…a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado, los gobiernos autónomos municipales se han convertido en titulares de cuarenta y tres (43) competencias exclusivas, establecidas en el art. 302 de la CPE, sobre las cuales podrá ejercer la facultad legislativa que ha sido atribuida al Concejo Municipal. Además los gobiernos autónomos municipales también son titulares de las siete competencias compartidas establecidas en el art. 299.I de la CPE, sobre las cuales podrán emitir una legislación de desarrollo en sujeción y concordancia con la legislación básica del nivel central del Estado.

La mayor diferencia entre los actuales gobiernos autónomos municipales -en el marco de la Constitución Política del Estado vigente (2009)-, y los antiguos gobiernos municipales instituidos -en el marco de la antigua Constitución (1967)-, reside en el hecho que actualmente los gobiernos autónomos municipales han sido beneficiados con la capacidad legislativa municipal. Además las competencias municipales actualmente se encuentran al interior de la norma constitucional, diferente al antiguo modelo en el que las competencias municipales, eran extraconstitucionales, es decir, que no se encontraban reguladas como parte de los contenidos de la Constitución Política del Estado de 1967, sino eran parte del contenido de una ley (nacional), la Ley 2028, Ley de Municipalidades.

En el marco de la antigua Constitución Política del Estado y la Ley de Municipalidades, los gobiernos autónomos municipales únicamente emitían ordenanzas municipales, como normas obligatorias para los ciudadanos, las cuales estaban definidas de la siguiente manera: ‘Las Ordenanzas Municipales son normas generales emanadas del Concejo Municipal. Las Resoluciones son normas de gestión administrativa. Las Ordenanzas y Resoluciones son normas de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación. Se aprobarán por mayoría absoluta de los concejales presentes, salvando los casos previstos por la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los Reglamentos’. En ese marco de ideas, los Concejos Municipales, reglamentaban a través de las Ordenanzas Municipales la Ley de Municipalidades, u otras leyes nacionales que establecían determinadas atribuciones para los gobiernos municipales. De ahí la costumbre de señalar que los Concejos Municipales reglamentan la ley.

Actualmente, el marco constitucional ha cambiado, y en ese sentido se ha señalado de manera detenida en el Fundamento Jurídico III.3.1 de este fallo, sobre el ejercicio competencial, que el Concejo Municipal, como órgano legislativo del gobierno autónomo municipal, es titular de las facultades Deliberativa, Legislativa y Fiscalizadora, en tanto que el Órgano Ejecutivo del gobierno autónomo municipal, presidido por el Alcalde, es titular de las facultades Reglamentaria y Ejecutiva.

Por lo que de acuerdo al nuevo texto constitucional, serán las leyes municipales, emitidas por el Órgano Legislativo-Concejo Municipal, las encargadas de legislar las competencias asignadas a los gobiernos autónomos municipales, mientras que los decretos municipales, emitidos por el Órgano Ejecutivo-Alcalde, las normas encargadas de reglamentar las leyes municipales. Sin embargo, ambos órganos están facultados para emitir resoluciones administrativas enmarcadas en sus propias funciones.