SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0051/2016-S1

Efectivamente, en el marco de los postulados del Estado Constitucional que asume el Estado Plurinacional y Comunitario boliviano, está prohibida la arbitrariedad y, por ende, todas las decisiones deben estar fundadas en la ley pero, fundamentalmente en la Constitución Política del Estado; de ahí, que las decisiones que se asuman deban ser razonables, y por lo mismo, las autoridades, y más aún los servidores judiciales, deben efectuar un uso razonable del poder que tienen, bajo los fundamentos de nuestro sistema constitucional, donde los derechos fundamentales tienen una posición privilegiada, conforme se desprende de los fines y funciones del Estado, entre ellos garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Norma Suprema (art. 9.5); los criterios constitucionalizados de interpretación de los derechos fundamentales, como el principio pro persona y el principio de interpretación, conforme a los pactos Internacionales sobre Derechos Humanos (arts. 13.IV y 256 de la CPE) y los principios que sustentan la función judicial, entre ellos, el de respeto a los derechos (art. 178 de la CPE)“          (las negrillas son nuestras).

Concerniente el problema planteado, la jurisprudencia constitucional formuló parámetros de comparación de las medidas que restringen la libertad personal, siendo pertinente citar en ese marco a la SC 1704/2004-R de 22 de octubre, que expresó: “A objeto de resolver el recurso, es necesario referir que en el caso que se examina, conforme consta del contenido del recurso y el acta de audiencia corriente de fs. 11 a 15, el abogado de los funcionarios policiales demandados, a tiempo de prestar el informe correspondiente, emplea como sinónimos los términos ‘arresto’, ‘aprehensión’ y ‘detención’, por lo que corresponde precisar sus características y establecer las diferencias.