SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2016-S3

Heiddy Zapata Montaño y David Aguilar Aguilar, Jueces del Tribunal Segundo de Sentencia penal del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 11 de septiembre de 2015, cursante de fs. 59 a 60, manifestaron que: 1) El memorial por el cual se solicitó fotocopias de “los actuados del pliego acusatorio” (sic), implicó que sean de la Resolución de la acusación formal emitida por el representante del Ministerio Público, por lo que no puede entenderse que entre los actuados de dicho fallo forme parte también una declaración informativa, conforme prevé el art. 341 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que cuando se autorizó la otorgación de fotocopias, no se vulneró ningún derecho; 2) Si hubiese existido alguna confusión de su petición, correspondía al hoy accionante solicitar o reclamar tal situación ante la misma autoridad, y en caso de negativa, activar los recursos ordinarios como reposición de acuerdo al art. 401 del CPP,  recurso por el cual se puede rectificar errores de procedimiento; asimismo, el accionante tampoco acreditó que existan amenazas inminentes o irremediables a sus derechos constitucionales, en ese sentido concurre la causal de improcedencia de la acción contenida en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y,  3) Debió considerar que para octubre de 2014, la autoridad demandada, ya no cumplía la función de Juez del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, por haber sido reasignada como “Juez de Instrucción Penal N°12” (sic), dentro el plan de descongestionamiento que implantó el Tribunal Supremo de Justicia, resultando falso que emitió criterio u orden al respecto, no estando bajo su competencia el proceso en ese momento, por consiguiente la presente acción también carece de legitimación pasiva, argumentos con los cuales solicitaron denegar la acción de amparo constitucional con imposición de costas y multas al accionante.