SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0935/2016-S2

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02 de 26 de enero de 2016, cursante de fs. 53 a 57 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) La jurisprudencia constitucional reconoce que en casos como el presente, en el cual se impugnan actos y resoluciones de las autoridades jurisdiccionales ordinarias, no puede ingresar a valorar la prueba producida durante el proceso, pues esa labor le corresponde a las autoridades jurisdiccionales ordinarias a cargo del mismo, ya que la acción de amparo constitucional no es una instancia procesal más, invocando al efecto la SSCC 1473/2003-R de 7 de octubre y la 1358/2003-R de 18 de septiembre; ii) Como se infiere de la SC 829/2001-R de 7 de agosto, al Tribunal Constitucional simplemente le corresponde analizar los actos procesales en los cuales pudo haber existido un acto ilegal u omisión indebida que lesione los derechos fundamentales de la parte recurrente, sin que pueda ingresar a realizar valoraciones de fondo de la prueba o de los antecedentes producidos en la sustanciación del proceso judicial que dio lugar a la acción de amparo constitucional, ya que la valoración de la prueba y la definición del fondo del litigio corresponde a los órganos jurisdiccionales ordinarios, puesto que la función del Tribunal es el de procurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales y no un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos; iii) El Tribunal Constitucional Plurinacional en sus diferentes fallos emitidos, tiene línea trazada respecto de la interpretación de la legalidad ordinaria, como es el caso de la SCP “0259/2014”; iv) De la lectura del memorial de la acción de amparo constitucional y lo oído en audiencia, se constata que si bien la parte accionante efectúa una relación detallada de los hechos, precisando inclusive ampliamente los derechos supuestamente vulnerados o lesionados; sin embargo, no llegó a explicar de que manera la labor interpretativa impugnada, resulta arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, tampoco identifica en forma clara y precisa, si las autoridades demandadas omitieron cumplir con las reglas de interpretación admitidas por el derecho y en qué forma esa interpretación y aplicación lesionó sus derechos y garantías constitucionales, ni la dimensión en que fueron vulnerados sus derechos fundamentales, no siendo suficiente argüir que se lesionó el derecho al “debido proceso y otros”, sino que, como se tiene referido, se debe demostrar la dimensión, el apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad y que se haya efectuado una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias del proceso judicial, lesiona derechos y garantías; y, v) Se advierte que la accionante pretende convertir a la jurisdicción constitucional en última instancia o recurso ordinario de casación, cual si se tratase de un trámite o proceso ordinario, inadmisible constitucionalmente según señala la línea jurisprudencial citada, por lo que sin ingresar al fondo, corresponde denegar la tutela demandada por no haber acreditado un perjuicio e irreparable que tutelar.