SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0949/2016-S2

Rubén Armando Costas Aguilera, Gobernador del Departamento de Santa Cruz, a través de sus apoderados y abogados, en audiencia informó que: 1) Si bien la accionante a tiempo de interponer la presente demanda constitucional, cumplió con la excepción del principio de subsidiariedad, pero no cumplió con el principio de inmediatez, toda vez que la referida acción constitucional fue presentada luego de haber transcurrido nueves meses y no dentro de los seis meses, tal cual establece el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 2) La primera recomendación del informe legal emitida por la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Gobernación, fue proceder a reincorporarla a Silvana Elffy Bilbao Peralta en el cargo que ocupaba anteriormente, hecho que se materializó el 17 de septiembre de 2015; 3) No aconteció lo mismo con la otorgación de las asignaciones familiares reclamadas por la accionante, por cuanto, existe un obstáculo legal y material que imposibilita pagar dichas asignaciones, precisamente porque la misma no se hallaba presupuestada en la partida I21 del POA, situación que su puso en conocimiento de la ahora accionante; y, 4) El art. 6 de la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, relativo al Estatuto del Funcionario Público establece que no se hallan sometidos al mismo ni a la Ley General del Trabajo aquellas personas que con carácter eventual o para prestación de servicios específicos especializados se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados a respectivos contratos y ordenamiento legal aplicable cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las normas básicas, administración de bienes y servicios. En virtud a dicho precepto normativo, la accionante no se encuentra sometida al régimen del Estatuto del Funcionario Público, por lo que pide se deniegue la tutela impetrada.