SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1050/2016-S2

En armonía con el precepto indicado supra, el art. 57 constitucional, determina que la propiedad privada sólo puede ser afectada por medio de una expropiación por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa; es decir, que en un Estado de Derecho sólo es posible afectar la propiedad privada en dos casos: i) Cuando el Estado considere necesario destinarla al uso de interés público; y, ii) Si la propiedad privada no cumple una función social, calificada mediante una ley y previo el pago del justo precio; de donde se infiere que cualquier otra forma de atentar contra la propiedad privada que no esté prevista en una ley, vulnera ese derecho y abre la jurisdicción constitucional por medio del recurso de amparo constitucional que otorga la tutela inmediata frente a vías de hecho que atentan el mismo.

Entendimiento que se refuerza a partir del contenido del art. 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que dispone: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”, postulado que armoniza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que, en su art. 21, dispone que toda persona tiene derecho a usar y gozar de sus bienes y que únicamente la ley puede subordinar ese uso y goce al interés social, por lo que nadie puede ser privado de éstos, excepto mediante el pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas instituidas por la ley; de ahí entonces que, en aplicación del bloque de constitucionalidad y partiendo del bloque de convencionalidad se afirma contundentemente que ninguna persona puede afectar el derecho a la propiedad previsto en las referidas normas, por mandato de las mismas, sólo la ley puede afectar ese derecho en los casos expresamente señalados, siempre y cuando se pague el justo precio.