SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0071/2016

Como antecedente expresan que en reunión general de la comunidad Lacahuarca del municipio de Coroico, provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, fue emitida la Resolución 01/2012 de 1 de octubre, que entre otros puntos trató el conflicto por límites de terrenos, suscitado entre las familias de Yuri Armando Román Clavijo, Pablo Atto y Juan Mario Siñani Quisbert, determinando que la familia Siñani, no podía afiliarse a dicha comunidad; asimismo, la certificación de 1 de febrero de 2013, expedida por el “Sindicato Agrario de la citada comunidad”, hizo constar que Yuri Armando Román Clavijo, es miembro activo del referido Sindicato Agrario y propietario de un lote desde 1990.

Según consta del acta de legalidad de 18 de julio de 2013, las autoridades de la señalada comunidad, procedieron a realizar la remoción de un cerco instalado de manera ilegal por “el señor Siñani” (sic), ya que, la familia Román demostró su derecho propietario, mediante planos aprobados; y, al haber la familia Siñani, hecho caso omiso a lo dispuesto, en Asamblea Magna fue emitido el Voto Resolutivo 2 de 1 de agosto de 2013, procediendo a quitar el alambrado.

El 12 de abril de 2014, Yuri Armando Román Clavijo, mediante nota, solicitó a las autoridades y miembros de la comunidad Lacahuarca, se dé solución a los atropellos cometidos por Juan Mario Siñani Quisbert, quien habría ingresado de manera ilegal a su propiedad, cercando, sembrando coca e intimidándoles con iniciarles una denuncia en la vía ordinaria; tratado el asunto en asamblea de 1 de mayo de igual año, en la que el afectado, refirió que Juan Mario Siñani Quisbert habría iniciado un proceso penal en contra suya y de otros comunarios; se reflexionó a éste último y se acordó con realizar una nueva medición de acuerdo a la documentación de derecho propietario.

Es así que, en reunión de 31 de mayo del mismo año, “se hicieron presentes los miembros de la directiva del sindicato” (sic) y Yuri Armando Román Clavijo, haciendo conocer a Juan Mario Siñani Quisbert, vía teléfono, que se retractaba y rechazaba los acuerdos asumidos; por lo que, sin concurrencia del mismo se procedió a ejecutar la medición, en presencia de la directiva y miembros de la comunidad Lacahuarca, procediendo la familia Román a realizar la delimitación de acuerdo a los resultados obtenidos.

Ulteriormente, tomaron conocimiento de una denuncia penal interpuesta por Juan Mario Siñani Quisbert en contra de Yuri Armando Román Clavijo, Israel Apaza Mamani, Isidro Quispe Mollo y Javier Ramírez, ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal y Mixto de Coroico del departamento de La Paz, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y allanamiento de domicilio y dependencias, caso signado como 204/2014; hechos sobre los cuales las autoridades comunales tienen competencia al estar la propiedad objeto de la denuncia ubicada en la comunidad y ser los miembros del “Sindicato Agrario Lacahuarca”; notificándose a Yuri Armando Román Clavijo, el 12 de diciembre de 2014, a objeto de que se presente en la Fiscalía de Coroico en calidad de sindicado.

En tales antecedentes, conforme a normas y procedimientos propios, mediante solicitud de 5 de enero de 2015, pidieron a la referida autoridad jurisdiccional que se aparte del conocimiento del proceso y remita antecedentes ante la jurisdicción indígena originaria campesina de la “Federación Sindical de las comunidades de Nuevo Milenio” perteneciente a la Sub Central de Trabajadores Campesinos “Julio Ponce de León”, afiliada a la Central Unificada “16 de enero” municipio de Coroico, provincia Nor Yungas del departamento de La Paz; sin embargo, el señalado Juez, mediante decreto de 6 de enero del mismo año, dispuso que se: "pida conforme a procedimiento, hecho lo cual se proveerá conforme a derecho" (sic); en desconocimiento de la calidad de sujeto colectivo de derechos a los pueblos indígenas, de los preceptos jurídicos constitucionales, la normativa internacional y la Ley de deslinde Jurisdiccional, concernientes al pluralismo jurídico; y, negando a las autoridades indígena originaria campesinas la facultad de administrar justicia y ejercer funciones jurisdiccionales en el marco del sistema de normas de derecho indígena, resolviendo sus conflictos a través de procedimientos propios y aplicación de sus normas.