SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0189/2016-S1

El 22 de octubre de 2015, las autoridades demandadas decidieron instalar audiencia de juicio oral dentro del proceso penal que se sigue en su contra por la presunta comisión del “delito de homicidio”, sin considerar que su abogado defensor no pudo llegar a dicho acto debido a un paro de transporte con bloqueos de calles y avenidas, efectuado por los sindicatos de choferes de la ciudad de La Paz; y, que tanto el Ministerio Público como la parte querellante solicitaron la suspensión del acto programado, obrando así fuera de los márgenes legales y con parcialidad a la víctima, imponiéndoles además el abogado de uno de los coimputados, a pesar que dicho profesional expresó su desacuerdo, dejando de lado al que ellos habían contratado que es de su confianza, porque supuestamente su defensa podía haber tomado otro tipo de transporte, lo que es inaceptable por la medida de presión que se llevaba a cabo en la mencionada urbe, denotando el desconocimiento de la magnitud del paro celebrado.

Antecedentes por los cuales las autoridades demandadas debieron en virtud al art. 344 del Código de Procedimiento Penal (CPP), proceder a la suspensión de la audiencia, como requirió el Fiscal de Materia e incluso la querellante y no así instalar el acto sin que cuenten con la asistencia técnica de su abogado defensor.