SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0200/2016-S1
Fecha: 17-Feb-2016
II.4.
II.4. Posteriormente, el accionante, solicitó nuevamente al Tribunal de Sentencia Penal de Quillacollo del departamento de Cochabamba la cesación de su detención preventiva; mediante Auto de Vista de 11 de agosto de 2015, se rechazó la misma, con los siguientes fundamentos: i) Fue considerado el Auto de Vista de 14 de abril de 2015, pronunciada por la Sala Penal Primera, que al declarar parcialmente procedente la apelación, mantuvo la medida de la detención preventiva al persistir aún elementos del art. 233 en sus numerales 1) y 2) con referencia al art. 234. 6 y art. 235. 2 del CPP; ii) No existe prueba alguna de que el imputado al retornar a la ciudad de Cochabamba haya justificado ante el Juez Cautelar, los inconvenientes que le impidieron firmar el libro de presentaciones ante autoridad fiscal, que motivó junto a otras causales la revocatoria de las medidas sustitutivas, iii) El imputado fue advertido en audiencia donde se le impuso las medidas sustitutivas, de las consecuencias del incumplimiento de una de ellas, y no puede escudarse en el mal asesoramiento de su abogado, más cuando tuvo conocimiento del memorial que estableció no tener deseo de someterse al careo; iv) No presentaron prueba suficiente y considerando que las existentes fueron valoradas en sentencia, no modificó o revocó, los riesgos procesales del art. 234.6 y 235.2 del CPP; y, v) Existe una relación estrecha entre Rubén Terceros Mejía con Vanesa Parra Vargas y siendo hermano de Orlando Terceros Mejía, coprocesados, concurre la posibilidad de que el imputado pueda influirles negativamente (fs. 10 a 13).
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- III
- se entiende que para disponer una detención preventiva deben necesariamente concurrir los requisitos establecidos en los incs. 1) y 2) del art. 233 del CPP
- En este sentido y bajo el paraguas de lo desarrollado de este régimen, si bien la norma modificada por la Ley 007, no incluye la y como conjunción copulativa que une las palabras o ideas; sin embargo, no podríamos aplicar una interpretación restrictiva y no progresiva al respecto, pues si bien la y se encuentra ausente para unir las palabras y en este caso los dos numerales del art. 233, eso no significa de ninguna manera que, para disponer la detención preventiva no deban concurrir simultáneamente los dos presupuestos o requisitos establecidos en la norma, pues lo contrario significaría ir en contra de la voluntad del legislador, además, de contradecir la esencia y características de las medidas cautelares e inclusive su sentido teleológico; por ello, para que proceda esta medida drástica contra la libertad personal, es necesario que no solo existan elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible, sino que debe estar necesariamente casado y concurrente con el otro presupuesto, o sea, la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad
- la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales resulta ser una condición de validez de las resoluciones judiciales, puesto que la credibilidad de la administración de justicia radica básicamente en que las decisiones plasmadas en resoluciones estén debidamente motivadas y fundamentadas
- El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones sean éstas judiciales o administrativas; y concretamente tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, impone que las sentencias y autos interlocutorios se encuentren debidamente fundamentados de forma que: `Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba’ y que ‘La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes’. La norma legal transcrita guarda relación con la prevista en el art. 236.3 del mismo Código
- toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador
- …Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma
- III.5. Análisis del caso concreto
- i)
- CONFIRMAR