SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0202/2016-S3
Fecha: 12-Feb-2016
1)
Giovanni Franz Zambrana Rojas y Ghilmar Ivan Zenteno Choque en representación legal de Edgar Rafael Bazan Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por informe escrito de 21 de septiembre de 2015, cursante de fs. 57 a 59, manifestaron que: 1) La conminatoria de reincorporación dispuesta por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es ilegal, dado que en el presente caso se trata de una entidad sujeta a la Ley del Funcionario Público, no teniendo ésta entidad competencia para determinar la reincorporación de la accionante, al ser funcionaria pública; 2) Ante el supuesto despido ilegal, se debió inicialmente acudir ante las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, solicitando su reincorporación y no acudir de manera directa a la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro; y, 3) Existe un recurso jerárquico pendiente de resolución contra la RA 098/2015, siendo aplicable el principio de subsidiariedad señalado en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Jurisprudencia reiterada sobre el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación y la inejecutabilidad de las mismas
- a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso
- III.2. Análisis del caso concreto
- el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional
- y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional
- funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.
- a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio
- REVOCAR