SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0202/2016-S3
Fecha: 12-Feb-2016
III.2. Análisis del caso concreto
La accionante refiere que Edgar Rafael Bazan Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro -hoy demandado- no dio cumplimiento a la conminatoria de reincorporación librada en su favor por parte de la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro que determinó el despido injustificado del cual fue objeto.
De los antecedentes que cursan en el expediente se tiene que Guadalupe Ledezma Torrico fue contratada por memorándum 013/15, para desempeñar las funciones de Asistente en la Unidad de Arbitrios Municipales (Conclusión II.1.), posteriormente, mediante memorándum 0489/15, el ahora demandado decidió agradecer los servicios prestados, sin indicar los motivos que lo llevaron a asumir tal decisión (Conclusión II.2.), denunciado el retiro a la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, esta instancia emitió la Conminatoria 026/2015, que instruye se proceda a la reincorporación de la hoy accionante a su puesto de trabajo (Conclusión II.3.), determinación que fue confirmada por RA 092/215, que resolvió el recurso de revocatoria presentado por la parte empleadora (Conclusión II.4.).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Jurisprudencia reiterada sobre el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación y la inejecutabilidad de las mismas
- a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso
- III.2. Análisis del caso concreto
- el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional
- y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional
- funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.
- a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio
- REVOCAR