SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0211/2016-S2

           En este marco, se debe considerar que tratándose del progenitor como funcionario de libre nombramiento, no existe el beneficio de la inamovilidad laboral por el estatus de cargo de funcionario de libre designación, como se describió ampliamente en las Conclusiones II.6 del presente fallo, resumiéndose lo más destacado del informe de los abogados en representación legal de Virginia Velasco Condori, Ministra de Justicia, se tiene que Luis Fernando Salvatierra Gutiérrez, “era funcionario de libre nombramiento, realizaba funciones administrativas de confianza y de asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados, es en base a esta normativa y por las pruebas presentadas, que se evidencia que Luis Fernando Salvatierra Gutiérrez, por la confianza que se le tenía, el 1 de abril de 2014, fue designado Responsable Operativo Dependiente de la Dirección General de Justicia Indígena dependiente del Ministerio de Justicia y en base a esa confianza se lo designó como Director General de Justicia Indígena Originario Campesino; en ese sentido, el accionante al recibir su memorándum de agradecimiento de servicios y conforme al Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Justicia, procedió a entregar toda la documentación a su cargo bajo inventario e informe de la situación actual del cargo dejado” (sic); asimismo, se acogió a lo que señala “las normas básicas del Sistema de Administración de Personal aprobado mediante DS 26115 (art. 13) evidenciándose que el peticionante de tutela, es un funcionario de libre designación, por las planillas adjuntadas de puestos y planillas presupuestarias, en el que se identifica de que en el nivel ejecutivo, se encuentra el Viceministro, Director General y Responsable Operativo del Viceministerio, por consiguiente la inamovilidad alegada por el accionante se encuentra limitada en base a la SCP ‘1018/2014’, que se trata de un cargo de confianza designado por el alcalde que realizaba labores de dirección y coordinación con autoridad elegida democráticamente; en ese sentido, el derecho a la inamovilidad que reclama, no le alcanza por la naturaleza de sus funciones; invocando al efecto la SCP 1044/2013 de 27 de junio” (sic).