AUTO CONSTITUCIONAL 0133/2016-RCA

Sobre el particular el art. 31.II del CPCo, establece que el: “…Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte cuando considere necesario podrá convocar a terceros interesados”, siendo un requisito imprescindible su identificación y señalamiento de su domicilio, cuando la acción de amparo constitucional deriva de un proceso judicial o administrativo, debido a que la Sentencia a emitirse podría afectar los intereses y derechos de este; en ese sentido, la SCP 0137/2012 de 4 de mayo, respecto a la citación o notificación del tercero interesado asumiendo el entendimiento de la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, expresó que: ''…la citación o notificación al sujeto procesal interviniente en el recurso de amparo constitucional en calidad de tercero interesado, puede ser personal o por cédula; y en cuanto al lugar o domicilio donde deba practicarse la misma, se debe tener en cuenta que, esta exigencia se da cuando el recurso de amparo constitucional es emergente de un proceso judicial o administrativo, donde una de las partes podría ser afectada; entonces, a objeto de encontrar un equilibrio entre el derecho a la defensa y el principio de celeridad procesal, la notificación al tercero interesado, en los casos que no sea posible hacerlo personalmente, será válida mediante cédula en el último domicilio procesal que -el tercero- hubiera señalado en el proceso principal, el cual deberá ser consignado por el recurrente en la demanda de amparo constitucional; aún en el caso de que el tercero interesado haya abandonado tal domicilio, o hubiese cesado el patrocinio del abogado; puesto que la exigencia se reduce al señalamiento del domicilio y la citación o notificación respectiva con la admisión de la demanda, debido a que el ejercicio del derecho a la defensa del tercero interesado, una vez notificado, es potestativo y no imperativo; empero, si comparece será debidamente escuchado" (las negrillas son nuestras).

Es así que al ser pertinente la notificación al tercero interesado, deberá ser practicada en el domicilio señalado en el proceso principal; aunque éste hubiese abandonado ese domicilio, puesto que su notificación es potestativa y no imperativa; lo que determina que la notificación deberá ser realizada mediante cedulón en el último domicilio señalado dentro el proceso principal a fin de no afectar el principio de celeridad procesal en acciones tutelares.