SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0052/2016

El accionante demanda la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 6 del Decreto supremo (DS) 2195 de 26 de noviembre de 2014, por ser presuntamente contrarios a los arts. 2; 30.II.4 y 15; 109.II; 403.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 23 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 1.1; y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 1.1 y 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); y, 6.1; 7.1 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); por considerar que el derecho a la libre determinación y autogobierno de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, respecto a la administración y distribución de los recursos económicos provenientes de la compensación por actividades, obras y proyectos hidrocarburíferos realizados dentro de su territorio, hecho que atenta contra la supremacía constitucional, la jerarquía normativa y el bloque constitucionalidad, conformado por tratados y convenios internacionales suscritos por el país respecto a los derechos de pueblos indígenas.