SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0533/2016-S2
Fecha: 23-May-2016
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El Sindicato de Taxitas y Colectiveros “Norte”, con personería jurídica 164468 de 18 de enero del 1972, es una institución con amplia tradición en el servicio de transporte de pasajeros en el departamento de santa cruz, que cuenta con doce sectores que prestan servicios especiales en el transporte de pasajeros en diferentes rutas del norte integrado; siendo uno de ellos, el sector Trufi Montero - Portachuelo y viceversa, operando en esa ruta desde el año 1964, contando con tarjeta de operación, número de identificación tributaria (NIT) 123757021; y, licencia de funcionamiento de la gestión 2014-2015 en la ciudad de Portachuelo. Añade, en ese sentido, que de otro lado, el Sindicato de Transportistas “16 de noviembre”, de Portachuelo, también cuenta con dos sectores; el sector de Trufi Portachuelo - Santa Cruz, cubriendo esa ruta operando desde su terminal ubicada en dicha localidad.
En cuanto al sector Trufi Portachuelo - Montero y viceversa; expresan que este no contaba con ninguna documentación y parada, en la ciudad de Portachuelo ni en Montero; pese a ello en virtud a un convenio de uso de paradas, que databa de más de treinta años, hasta el 22 de noviembre de 2015, pasó a operar desde su parada; cuestión que, según refieren, se halla acreditada en la certificación de 18 de marzo de 2015, emitida por la Unidad de Tráfico y Transporte de Portachuelo, en la que se evidencia que, el Sindicato de Transportistas “16 de noviembre”, no tiene licencia de funcionamiento, ni documentación que acredite, evidencie y/o respalde la otorgación de una parada para cubrir la ruta señalada.
Indican que, en virtud a lo descrito supra, y conducidos por la buena fe, desconociendo que ese sector, suscribió un convenio para operar desde la terminal del sector de Trufi Portachuelo - Santa Cruz, del Sindicato de Transportistas “16 de noviembre”; el Sindicado de Taxistas y Colectiveros “Norte”, al que representan, cursó carta de invitación para darles espacio en su nueva terminal; enterándose posteriormente que, el Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo, “en tiempo récord” y valiéndose de la influencia del Secretario Ejecutivo del Sindicato “16 de noviembre” y del actual Director de Tráfico y Transporte del Municipio, dotó de documentación y autorizó al sector precitado, que opere desde la terminal Portachuelo-Santa Cruz, del referido Sindicato; no habiendo observado en ese sentido que, la terminal del Sindicato de Taxistas y Colectiveros “Norte”, se encuentra ubicado en la misma calle, en la acera del frente.
Precisan que, ante la autorización municipal descrita, el Sindicato de Transportistas “16 de noviembre”, procedió a la construcción de un edificio de terminal en el lugar descrito, aludiendo que se trataba de un servicio distinto al que presta el Sindicato al que representan, que cubre la ruta, reiteran, Montero – Portachuelo y viceversa; aspectos que no consideraron, el alcance de la Ordenanza Municipal 032/2007 de 21 de noviembre, así como el art. 15 del Reglamento de Transporte del Municipio, que prevén una distancia mínima de cien metros de una terminal a otra, tratándose de servicios similares; ambas normas empleadas por el Municipio, para negarles la renovación de licencia del Sindicato, y disponer la clausura de la Terminal, en la que ejercen su actividad como transportistas; generándose así, un conflicto entre ambos Sindicatos, ante la decisión que emanó por encima del Sindicato de Taxistas y Colectiveros “Norte”.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.3. Petitorio
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- Fragmento 20
- III.1. Del amparo excepcional por medidas de hecho: Protección directa e inmediata prescindiendo de su carácter subsidiario
- Fragmento 22
- ‘a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia
- i) Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos;
- Fragmento 25
- III.3. Alcances y ámbito de protección del derecho de petición
- en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho.
- Fragmento 28
- Fragmento 29
- este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad
- el mismo sea un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la documentación solicitada para su pleno ejercicio; por tal motivo,
- a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud;
- la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita,
- debiendo incluso poner a conocimiento del peticionante el resultado positivo o negativo de su solicitud, elementos que hacen a la real configuración del derecho objeto de análisis
- III.4. Del debido proceso administrativo
- el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente
- el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública. El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho.
- cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma.
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes
- Fragmento 40
- III.5. El acto administrativo, sus caracteres y efectos: Principio de buena fe que lo caracteriza
- Principio de buena fe. Junto al principio de legalidad, singular importancia tiene el principio de buena fe, reconocido en el art. 4 inc. e) de la LPA, que establece que ‘en la relación de los particulares con la Administración Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo’. Este principio ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la SC 0095/2001 de 21 de diciembre, señalando que ‘…es la confianza expresada a los actos y decisiones del Estado y el servidor público, así como a las actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades públicas. De manera que aplicado este principio a las relaciones entre las autoridades públicas y los particulares, exige que la actividad pública se realice en un clima de mutua confianza que permita a éstos mantener una razonable certidumbre en torno a lo que hacen, según elementos de juicio obtenidos a partir de decisiones y precedentes emanados de la propia administración, asimismo certeza respecto a las decisiones o resoluciones obtenidas de las autoridades públicas’.
- III.6. Análisis del caso concreto
- 3° Disponer