SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0534/2016-S1

En este entendido las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, 0019/2014-S1, 0059/2014-S1, 1727/2014 y 0023/2015-S1, citando a la    SC 0702/2011-R de 16 de mayo, manifestaron que: ‘“…los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia (…); derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (…); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: «En opinión de esta Corte, para que exista 'debido proceso legal' es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables». Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia'” (las negrillas fueron agregadas).

Fundamentos bajo los cuales se puede colegir que el debido proceso entendido como principio, derecho y garantía, impone una directriz sobre la que se asienta la administración de justicia, que debe ser observada por todos los que administren justicia, ya sea en el área judicial o administrativa, en relación a que éste como un derecho humano debe ser respetado y cumplido por personas naturales o jurídicas y en especial por el Estado a través de sus diferentes órganos, en virtud al carácter normativo constitucional que lo protege a través de los diferentes elementos que forman parte del debido proceso.