SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0561/2016-S3
Fecha: 16-May-2016
porque entendemos que a sus nueve años no tiene la madurez suficiente para comprender que de dicha decisión depende su futuro
También se evidencia la ausencia de fundamentación y análisis de la declaración realizada por el menor dentro del proceso de guarda, la misma que debió ser valorada, conforme la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, en el presente caso, el niño fue entrevistado por la Jueza de primera instancia, en forma privada y con apoyo de una profesional, y en la misma Sentencia la Jueza concluyó en el punto 11 que: “…en forma privada [el niño] ha expresado el vínculo afectivo que lo une a su hermano materno Carlos Alberto Arce Ortuño, de la misma manera ha dejado establecido la importancia que tiene para él continuar viviendo en su actual entorno social, familiar y educativo; finalmente culminó expresando su voluntad y conformidad porque a su hermano de línea materna Carlos Alberto Arce Ortuño se le designe como a su tutor legal; expresó en detalle que se siente feliz viviendo junto a su hermano y cuñada, con quienes tiene buena relación” (sic). Sin embargo, esta no fue valorada adecuadamente por las autoridades demandadas, pues en relación a este punto únicamente plantearon que por “…la complejidad del caso torna insuficiente la preferencia del menor de vivir con su hermano por parte de madre, porque entendemos que a sus nueve años no tiene la madurez suficiente para comprender que de dicha decisión depende su futuro” (las negrillas son agregadas) (sic), no demostrando los demandados por qué la voluntad del menor en el presente caso no puede ser tomada en cuenta, teniendo como único razonamiento al respecto la “madurez insuficiente del menor”, criterio que carece de respaldo legal y pericial. Por tanto, el criterio del Tribunal de alzada ahora demandado es netamente subjetivo, más aun teniendo en cuenta que no tuvo en los hechos ninguna inmediación con el menor para poder concluir que la inmadurez del menor impedía que se considere su opinión, siendo la edad su único parámetro, cuando en el proceso existen elementos técnicos especializados, que transmitieron a la Jueza de instancia su criterio sobre el mencionado menor destinado a formar convicción en la juzgadora en oportunidad de dictar Sentencia. Empero, esos criterios periciales no fueron considerados por el mencionando Tribunal de alzada al momento de pronunciar su Resolución, pese a que por la complejidad del caso, tienen fundamental importancia, pues coadyuvan en la tarea de asumir una decisión trascendente en la vida del menor. Por ello, si bien es posible que las autoridades judiciales se aparten de los informes periciales, debe justificarse de manera razonada y fundamentada los motivos que llevan a no considerar esos criterios.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- concedió
- II.1.
- II.2.
- III.
- Fragmento 10
- III.1.
- b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’.
- b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’
- b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”
- por último, el derecho a la participación, implica la libertad de expresar opiniones y manifestarse respecto a cuestiones que afectan su propia vida, lo que significa que ningún proceso pueda desarrollarse sin escuchar la opinión del niño (Sandra de Kolle, Carlos Tiffer, Justicia Juvenil en Bolivia)’
- 2. El principio de interés superior, por el cual las decisiones de los tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos deben atender el interés superior del niño, teniendo en cuenta los "derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley" (art. 3 de la Convención).
- 4. El principio de autonomía progresiva, que implica que los niños deben lograr en forma progresiva el ejercicio autónomo de todos sus derechos, consiguiendo superar el criterio dominante referido a que los padres tienen poder sobre los niños al carecer éstos de autonomía
- la autonomía progresiva,
- siendo la más importante para el ejercicio autónomo de sus derechos, la contenida en el art. 103, al señalar, en cuanto a la libertad de expresión y opinión, que ‘El niño, niña, o adolescente que esté en condiciones de emitir un juicio propio, tiene derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, por los medios que elija y a que se tome en cuenta sus opiniones’
- opinión dada por el niño, niña o adolescente debe responder a su querer íntimo y no a presiones que podrían ser ejercidas por terceras personas, incluidos los padres. Para determinar si las determinaciones del niño, niña o adolescente son propias, el juez está en la obligación de solicitar los estudios periciales respectivos y, además, brindar a los niños o adolescente el entorno adecuado, sin presiones de ningún tipo, para que pueda emitir su criterio
- El denominado ‘interés superior’ es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de edad
- La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes’
- las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos
- toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión
- la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo
- III.4. Análisis del caso concreto
- i)
- Fragmento 28
- porque entendemos que a sus nueve años no tiene la madurez suficiente para comprender que de dicha decisión depende su futuro
- tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de su interés y a que las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta
- insuficiente motivación
- CONFIRMAR
- MAGISTRADO