SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0730/2016-S3

Solicitan se conceda tutela, disponiéndose que: a) Una vez que el demandado otorgue una respuesta formal, escrita y fundamentada a su solicitud, certifique lo siguiente: 1) Si el actual Directorio de la “LIGA DE MAXI BÁSQUET COCHABAMBA”, bajo la lista adjunta a los oficios de petición, se encuentra constituido legalmente y si está siendo considerado por la “LIGA NACIONAL DE MAXIBASQUETBOL”; 2) Si ya se enviaron los respectivos oficios a todas las ligas y los clubes afiliados a la última entidad referida, en los que se establezca la representatividad del Directorio del cual son miembros; y, 3) Responda a todos los puntos formulados en los oficios de 2 y 29 de julio de 2014; b) Se determine la responsabilidad civil; y, c) Se condene al pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.

En ese sentido, la SCP 0220/2014-S3 de 5 de diciembre, que a su vez citó la SC 0090/2011-R de 21 de febrero, concluyó que: «“...las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado.   

(…) la SC 0195/2010-R de 24 de mayo, señaló: '…el núcleo esencial de este derecho radica en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo que se tiene peticionado' y refiriéndose a la respuesta agregó que: '…no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada' (SC 1068/2010-R de 23 de agosto). 

Siguiendo ese razonamiento, la SC 0810/2010-R de 2 de agosto, expresó que: '…las SSCC 1541/2002-R, 1121/2003-R, entre otras, han determinado la obligación por parte de los funcionarios públicos de informar sobre el estado de un trámite a efectos de observar el derecho de petición, señalando que la respuesta por parte del funcionario 'no puede quedar en la psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley'.

De acuerdo a lo expuesto, se concluye que el derecho de petición involucra una respuesta fundamentada, en base a los puntos exigidos por el requirente, ya sea en forma negativa o positiva, por cuanto no se puede pretender que ante las solicitudes de los individuos la autoridad pública deba decir siempre en forma positiva lo que se le pide; sin embargo, está en la obligación de absolver las inquietudes planteadas de manera formal y fidedigna”» (las negrillas son nuestras).