SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0748/2016-S3

Adquirió en copropiedad y a título de compra, una tercera parte de acciones y derechos en lo proindiviso de una casa ubicada en Punata del departamento de Cochabamba, bien inmueble en el que con asentimiento de los copropietarios albergó por solidaridad a Domingo Rodríguez Montenegro y Alicia Terrazas Guevara, inicialmente en una habitación y posteriormente permitiendo el uso de un corredor para venta de comida, a cambio del pago de servicios básicos y el cuidado del bien.  

Su derecho propietario está registrado en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.); sin embargo, y desconociendo el carácter solidario de su permanencia en el bien, Alicia Terrazas Guevara interpuso demanda de usucapión el 5 de octubre de 2012, dirigida contra presuntos interesados y posteriormente en base a un certificado de “…no propiedad…” (sic) que no acredita la ubicación del bien objeto de la demanda tramitó la citación por edictos, proceso que concluyó con la Sentencia de 26 de noviembre de 2013; con la cual, le privó de formular reclamo e impugnación por las actividades procesales y decisiones judiciales que considera irregulares.

Por los motivos expuestos, el 16 de diciembre de 2014, formuló nulidad de obrados hasta la demanda, petición que fue rechazada por el Juez a quo mediante Autos de 19 y 30 del mismo mes y año, por falta de competencia y al amparo del       art. 196 del Código de Procedimiento Civil (CPC), decisión que en apelación formulada el 14 de enero de 2015, fue confirmada mediante Auto de Vista de 26 de junio del citado año, pronunciada por las autoridades ahora demandadas, que consideraron la pérdida de competencia del Juez de primera instancia con la emisión y ejecutoria de la sentencia, impidiendo el conocimiento de hechos que debieron hacerse valer oportunamente y estableciendo que sus derechos deberán ser reclamados en la vía del fraude procesal y revisión extraordinaria de sentencia.