Los suscritos Magistrados expresan su disidencia respecto a la DCP 0118/2016 de 19 de septiembre, sobre la base de los fundamentos jurídicos constitucionales que se desarrollan mediante el presente voto disidente.

Por tanto, se debió declarar la compatibilidad de la disposición analizada, siempre que se entienda que los acuerdos sobre donaciones que el Gobierno Autónomo Municipal de Punata pudiera suscribir con entidades internacionales, están referidos únicamente a “acuerdos interinstitucionales” y no así a convenios o tratados internacionales regulados por el Derecho Internacional Público, además que en su gestión se siga el procedimiento establecido por la normativa arriba desglosada.

En el marco de la disposición antes citada, el art. 81.III.2 inc. b) de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” (LMAD), dispone que el gobierno autónomo municipal, es el encargado de “Implementar el Sistema Único de Salud en su jurisdicción, en el marco de sus competencias”; por consiguiente, considerando lo dispuesto por el art. 35.II de la CPE, se entiende que el propio gobierno autónomo municipal, a tiempo de implementar el referido Sistema Único de Salud en su jurisdicción, no podrá dejar de lado a la medicina tradicional, por supuesto, siempre en el marco de sus competencias. Bajo este entendido, se debió declarar la declara la compatibilidad del apartado analizado y no así de manera pura y simple.

Sin embargo, del citado art. 275 de la CPE, se puede establecer que las normas institucionales básicas entran en vigencia mediante “referéndum aprobatorio”; y, de acuerdo a la interpretación gramatical se tiene que, el “referendo aprobatorio”, resulta un instrumento más “mediante” el cual una COM entra en vigencia; sin embargo, corresponde establecer que todo ciudadano de una ETA debe tener certeza sobre el momento en que una norma, con fuerza de imperio, entra en vigencia para que sus actividades se adecúen al mismo, en otras palabras, toda norma que el Estado implementa en la sociedad, debe garantizar su conocimiento a través de su publicación y otorgar, en todo momento, seguridad jurídica, para que los ciudadanos conozcan el marco normativo en el que ejerce sus derechos fundamentales, de donde se infiere que la promulgación y/o publicación de una norma como la Carta Orgánica no es una mera formalidad, como lo entiende la DCP 0116/2016 de la que ahora se disiente.